La acusación particular querellada en Palma contra el empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa de 13,9 millones de euros estudiará pedir medidas cautelares contra el jerezano, entre ellas prisión provisional, después de que el imputado haya vuelto a eludir su cita con la jueza alegando, a través de su abogado, encontrarse en cama debido a su detención, este miércoles, por orden de la magistrada de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3.
Así lo ha puesto de manifiesto la letrada que representa al grupo Inversiones Grupo Miralles, Isabel Fluxà, quien, como consecuencia de su puesta en libertad anoche, ha apuntado que "suponía obviamente que no comparecería". Es por ello que ha señalado que hablará con su cliente para analizar las medidas que solicitará contra el fundador de Nueva Rumasa, que a su parecer, "debería ser prisión".
"Me indigna que nos tome el pelo, no sólo a nosotros sino también a todos los españoles", ha recalcado la abogada, al aseverar que "entendería que Ruiz-Mateos un día no se encuentre bien, pero no cada vez que es citado a declarar". Y es que, en las varias ocasiones en que ha sido emplazado a comparecer, el empresario se ha valido de su avanzada edad y mal estado de salud para no acudir a las dependencias judiciales de la capital balear.
En esta misma línea, la representante del Grupo Miralles ha recriminado que el letrado de Ruiz-Mateos, Marcos García Montes, únicamente haya presentado un escrito en el que explica por qué no ha podido viajar su patrocinado, sin que haya informes médicos que justifiquen su ausencia ni otros documentos que acrediten que se encuentra en mal estado de salud.
La querella del Grupo Miralles fue presentada el pasado año como consecuencia de la presunta estafa en la compraventa del hotel Eurocalas de Mallorca. Posteriormente, la denuncia fue ampliada al atisbar indicios de que la mercantil que avaló la operación incurrió en un delito de alzamiento de bienes para evitar posibles embargos.
Fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a la empresa Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros.
"Todos ellos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su 'acreditada solvencia de cara a la galería' gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo", denunciaba la querella del Grupo Miralles, representado en la causa por la letrada Isabel Fluxà.
En el marco de este caso, sobre el empresario y sus seis hijos varones, también imputados, pesa una fianza de responsabilidad civil de 18,5 millones de euros, mientras que también tienen retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin previa autorización judicial.