La publicación semanal l‘Estel ha difundido en su última edición un suplemento titulado “Conspiració contra els mallorquins” en el que se denuncia una campaña orquestada desde Madrid de judicialización del sector político y empresarial de las Islas Baleares.
Josep Palou y Jaume Sastre, autores del artículo, explican la existencia de una acción conjunta de las fuerzas del estado – incluyendo a Policía Nacional, Guardia Civil, CNI, Agencia Tributaria, jueces y fiscales- que tiene por objeto aniquilar el poder mallorquín para instaurar una hegemonía venida de la Península.
Como artífices de la trama sitúan al exMinistro de Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al exFiscal General del Estado Cándido Conde-Pumpido, al exDirector General de la Policía y de la Guardia Civil Joan Mesquida y al exDelegado del Gobierno en las Baleares Ramón Socías quienes querían –según argumentan- sacar un rédito político a favor del PSOE. En un gran esquema central, el ensayo expone cuales han sido los resortes con los que han contado a la hora de llevar a cabo el plan.
La fecha que da el pistoletazo de salida es el 27 de noviembre de 2006. Fue ese día cuando la Guardia Civil, acompañada por muchos fotógrafos y cámaras, detuvo al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo. En esos mismos instantes se estaba celebrando un juicio en Manacor contra el dirigente del Lobby per la Independència Jaume Sastre a quien el director de El Mundo Pedro J. Ramírez acusó de amenazas en relación al caso de la polémica piscina que posee en la Costa dels Pins. En ese momento, las Islas Baleares estaban gobernadas por el Partido Popular y Unió Mallorquina ocupaba la presidencia del Consell de Mallorca.
Desde ese día, calculan que más de 1000 políticos y empresarios han sido imputados en nuestra comunidad por cuestiones relacionadas con la gestión política. En la publicación se realiza una enumeración exhaustiva, aunque no completa, de imputados y detenidos que han sido “esposados y expuestos a la vergüenza pública”.
Por el contrario, denuncian que se aplica un doble rasero con empresarios peninsulares, contra los que la policía y la justicia no se han ensañado con la misma virulencia a pesar estar sembrada la sombra de duda en torno a ellos. Entre los nombres reseñados se encuentran Florentino Pérez, Pedro J. Ramírez, Emilio Botín y la Infanta Cristina.
En “Conspiració contra els mallorquins” se pone de relieve el soporte mediático que tenido la campaña contribuyendo a dar la imagen de que Mallorca se puede equiparar a la Sicilia de la mafia “excepto en el tema de los muertos” y que la corrupción es “endogámica” en los mallorquines. Para ello, establecen un paralelismo con la criminalización previa que realizó Adolf Hitler contra los judíos para así poder justificar después la apertura de los campos de concentración y exterminio.