Una de las ideas más estrambóticas e inútiles que se le haya podido ocurrir a un ministro de Justicia de este país está a punto de fraguar, si la tremenda oposición de todos los operadores no lo remedia. Me refiero a esa bobada de convertir en hábil el mes de agosto, mejor dicho, de universalizar el carácter hábil de sus días, más allá de los procedimientos de naturaleza urgente, para los cuales ya lo era.
Se presenta esta propuesta como un avance para ganar en productividad en la administración de la justicia, cuando lo cierto es que va a ocurrir justamente lo contrario. Si hasta ahora las dilaciones –debidas a la falta de personal y un número insuficiente de jueces y juzgados- eran intolerables, con la medida estrella de Gallardón los retrasos van a ser eternos.
Parto de la premisa de que el señor ministro no pretende privar a los profesionales de sus treinta días de vacaciones, más que nada porque el descanso vacacional es un derecho reconocido por el artículo 40 de la Constitución y por muchos tratados internacionales.
En consecuencia, a partir de ahora, supongo que en lugar de presumir que los operadores que intervienen en un proceso judicial disfrutan de su descanso vacacional en agosto, cada uno de ellos entiendo que va a tener que manifestar qué período elige para vacar de entre los doce meses posibles, con lo que las suspensiones por coincidencia de un señalamiento con la fecha de disfrute de vacaciones de al menos, el juez, el secretario, el funcionario que lleva el concreto asunto y los procuradores y abogados de ambas partes –suponiendo que sean solamente dos- serán altamente probables. En suma, una idiotez como un piano. El juzgado va a estar abierto doce meses, pero para dictar resoluciones de suspensión de juicios y diligencias.
Las ventajas de concentrar en el mes de agosto las vacaciones del ochenta por ciento de los operadores jurídicos son evidentes. La primera de ellas es que todos trabajan los restantes once meses, lo que evita las suspensiones por coincidencia vacacional. La segunda es de orden ecológico y de ahorro energético. Si trabajan sólo unos pocos juzgados y algunos funcionarios para atender asuntos urgentes y no se celebran juicios en un mes tan caluroso como agosto, se puede ahorrar mucho en la factura de la luz, amén de en limpieza, etc. La tercera afecta a cuestiones tan relevantes en los tiempos actuales como el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales y a un entorno de trabajo saludable, no sujeto a un estrés permanente, incompatible con la frescura mental que precisa la correcta administración de justicia.
En definitiva, espero que alguien le haga ver a Gallardón que, para salir en la foto o pasar a la historia como el ministro más reformista, no es necesario cargarse un sistema de descanso vacacional que ha funcionado razonablemente bien durante decenios y que, desde luego, no es el responsable del mal funcionamiento de nuestra justicia ni de su baja productividad.