Unión Progreso y Democracia (UpyD) ha pedido este sábado que el delegado del Gobierno, José María Rodríguez, dimita o sea destituido debido a que --según critican-- "al parecer, se vale de su autoridad para impedir que cumplan su función independientemente de presiones políticas".
En un comunicado, la formación indica que "no sólo no debe haber imputados en las listas electorales, sino que tampoco debe haber sospechas tan graves sobre una primera autoridad; las razones son las mismas por las que impediríamos que un sospechoso de cleptomanía dirigiera un banco".
El portavoz de UPyD en Baleares, Juan Luis Calbarro, ha señalado que "se dan circunstancias agravantes que aproximan el caso de Rodríguez al de un imputado, a efectos de confianza: la Policía Judicial y la Guardia Civil deben cumplir su función sin interferencias políticas, lo cual en este caso se hace muy difícil, ya que el mismo es su superior y, según denuncias muy graves, fiscaliza la labor de dichas Fuerzas de Seguridad por interés personal".
La formación señala que el comunicado de la Asociación de Oficiales de la Guardia Civil es "suficientemente alarmante" -compara a Rodríguez con la zorra que custodia un gallinero- como para que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, "como responsable máximo del PP en las Islas", y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, "como máximo superior orgánico", "conminen a Rodríguez a dimitir, en aplicación de los principios de ejemplaridad que el PP defendió en los últimos procesos electorales".
"El PP de Baleares no puede aflojar en ese asunto, si es cierto que ha roto vínculos con su pasado corrupto; de lo contrario estaríamos asistiendo -una vez más- a una sesión del mejor cine negro norteamericano a la mallorquina", ha afirmado Calbarro. "Pero también a nivel nacional el PP debe preguntarse seriamente por las razones de su caída en picado en las encuestas", ha añadido.
Para Calbarro, "seguramente una de ellas es que, en un momento en que los ciudadanos perciben a los políticos como uno de sus principales problemas, el PP mantiene en puestos de responsabilidad a personajes como la diputada que grita "que se jodan" a los parados o a los socialistas -tanto da- o al delegado del Gobierno que presuntamente delinquió y que es denunciado por emplear su actual autoridad sobre la policía para eludir la investigación".
Así, ha insistido en que "el PP tiene la obligación moral de reaccionar de una vez, de no dejar pasar estos incidentes como si fueran normales en una democracia. En el caso Rodríguez tiene que haber una dimisión o una destitución, y la tiene que haber ya."
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO) ya anunció que estudia personarse contra Rodríguez, "si éste invade las competencias del juez instructor", al ordenar una investigación interna sobre quién filtró información sobre su supuesta implicación en una investigación judicial relacionada con la trama Gürtel.
Según explicó el portavoz de la Unión, Jesús Martín, "son conscientes de las competencias del delegado" pero desde el Instituto Armado consideran que "se está excediendo en el ejercicio de sus competencias", "metiéndose en un terreno propio del poder judicial".
Martín señaló que si alguien "considera que se han vulnerado sus derechos, debe solicitar la tutela judicial, pero no debe utilizar el poder político que tiene para satisfacer un interés personal". Así, ha asegurado que "se debe garantizar la independencia y protección de los investigadores policiales".