La Policía Nacional detuvo ayer a 23 personas por falsedad documental y estafa dentro de la denominada 'Operación Carrillo'. Al parecer, cuatro miembros de una misma familia, de nacionalidad española, elaboraban contratos falsos a extranjeros quienes pagaba entre 300 y 1800 euros por cada contrato falso a fin de obtener un permiso de residencia o solicitar una prestación.
Así, el fraude a la Seguridad Social asciende a más de 35.000 euros.
Al parecer, la familia utilizaba a sus “contratados” haciéndoles trabajar 8 horas diarias en un comercio de su propiedad de lunes a domingo por 300 euros o teniendo que llevar a cabo reformas en la casa del cabecilla del grupo.
Además de a los miembros de la familia, la Policía Nacional ha detenido a un grupo de extranjeros, mayoritariamente marroquíes, que conocían lo que sucedía y compraban los contratos falsos a fin de obtener prestaciones sociales.
El resto de inmigrantes estaban en situación irregular y desconocían la falsedad de la operación y que la empresa no reunía los requisitos necesarios con lo que al presentar la solicitud para lograr los papeles de residencia, esta era archivada o denegada.