En Francia las altas instancias judiciales persiguen las filtraciones a los medios de comunicación. La magistrada Isabelle Prévost-Desprez -vicepresidenta del tribunal de Nanterre- está siendo investigada por haber pasado a varios periodistas información confidencial relativa a la investigación sobre la presunta financiación del partido de Nicolás Sarkozy a cargo de la multimilionaria Lilliane Bettencourt.
Dos periodistas de “le Monde” escribieron el libro “Sarko m’a tuer” (Sarko mátame) donde reproducen testimonios de Prévost-Desprez en referencia a que un testigo clave vio a Nicolas Sarkozy recibir sobres con dinero de parte de la mujer más rica del país galo.
Bettencourt -propietaria de la firma de cosmética L'Oreal- está inmersa en un proceso judicial por haber presuntamente financiado de manera ilegal en 2007 la campaña de Sarkozy para acceder a la presidencia de los Campos Elíseos. De hecho, la policía también ha registrado la casa de Carla Bruni y el despacho de abogados y las oficinas de Sarkozy con el objetivo de hallar pruebas del delito.
Precisamente, la instrucción de la causa se lleva a cabo en Burdeos y no en París por acuerdo del Tribunal Supremo, con el objetivo de limitar filtraciones a los medios de comunicación sobre las investigaciones.
En Baleares se está abriendo un debate sobre las filtraciones a los medios de comunicación relativa a casos judiciales en los que son parte políticos y personajes famosos. Unas filtraciones que han provocado que los afectados conozcan por los medios de comunicación el sentido de las sentencias, la acusación de la Fiscalía Anticorrupción o incluso la imputación antes de recibir notificación oficial. También se han dado casos en que periodistas han llegado a lugares objeto de investigación antes que la propia policía judicial.