El uno de julio ha entrado en vigor el nuevo sistema de copago por los medicamentos para los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS), por el que tendremos que aumentar la cantidad que pagamos por cada receta y que, por primera vez, implicará que los pensionistas jubilados tendrán también que abonar un porcentaje, un 10%, del precio de sus medicinas, con unos importes máximos mensuales, en función del nivel renta anual, de 8, 18 y 60 euros.
Simultáneamente, el ministerio de Sanidad ha publicado una lista de más de 400 medicamentos que van a quedar excluidos de la financiación por el SNS con carácter inminente.
El gobierno central justifica ambas medidas en la necesidad de reducción de la factura farmacéutica del SNS, en el contexto actual de profunda crisis y recesión económica, pero quizás no sean justas ni equitativas socialmente, ni suficientes para conseguir el objetivo perseguido.
España es uno de los países que más gasta en medicamentos. Nuestro consumo de medicamentos per cápita es de los más altos del mundo, la factura farmacéutica del SNS supone entre un cuarto y un tercio del gasto total, el porcentaje del PIB dedicado a pagar medicinas está muy por encima de la media europea y la introducción de medicamentos nuevos es de las mayores de Europa. Teniendo en cuenta todo esto, parece indudable que debería ser posible introducir mejoras en el sistema que permitan disminuir este consumo ciertamente excesivo. Sin embargo, no parece que la simple exclusión de unos cuantos medicamentos de la financiación pública vaya a conseguir, por sí sola, el efecto deseado. De hecho, ya se excluyeron medicamentos en dos ocasiones, en 1993 y 1998 y también en varias ocasiones se han implementado por parte del gobierno rebajas en los márgenes de las farmacias y los efectos fueron siempre limitados y de corto alcance, de modo que el gasto farmacéutico, a pesar de esas medidas, no ha dejado de crecer año tras año.
Existe un consenso bastante generalizado de que en España hay un número excesivo de presentaciones farmacéuticas financiadas por el SNS, debido a que prácticamente todos los medicamentos autorizados pasan a ser financiados, sin una selección basada en criterios de relación entre coste y efectividad, o de valor terapéutico añadido. Si bien es indudable que debería reducirse el número de medicamentos financiados por el SNS, ello debe hacerse en el contexto de una reestructuración global de la política farmacéutica. No parece que este sea el caso. De hecho, alguno de los criterios para la “exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios” incluidos en Real Decreto-ley 16/2012 y que han servido para la elaboración de la presente lista de medicamentos excluidos, son, como mínimo, sorprendentes, en concreto el que dice: “que el principio activo cuente con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de años de experiencia y un uso extenso”. Parecería que estas características son las deseables en un fármaco y, por tanto, no parece lógico que se deje de financiar, especialmente porque la consecuencia más probable es que la prescripción se desplace a medicamentos similares, que seguramente tendrán un perfil menos seguro y menos eficaz, menos documentado a través de menos años de experiencia y un uso menos extenso y, casi con total seguridad, más caro. Este desplazamiento de la prescripción hacia medicamentos similares y habitualmente más caros, que sigan siendo financiados por el SNS, es una de las razones principales de que este tipo de listas negativas de medicamentos que quedan excluidos de financiación fracasen a la larga en el objetivo de rebajar el gasto farmacéutico.
Otro de los criterios sorprendentes es el que dice: “por estar indicados en el tratamiento de síntomas menores”. Ello ha llevado a la exclusión de muchos medicamentos de uso muy extendido para tratar procesos muy frecuentes, sobre todo en personas de la tercera edad, que son eficaces y eficientes y, de nuevo su exclusión puede provocar un desplazamiento de la prescripción a medicamentos más caros y menos eficientes, o con más efectos secundarios. Que esto es así, viene demostrado por el hecho de que el propio ministerio ha previsto excepciones para algunos de estos medicamentos. Además, un síntoma puede ser menor, o mayor, según las circunstancias clínicas del paciente.
Parece, por tanto, que nos encontramos ante otra medida parcial motivada por una necesidad urgente debida a la crisis actual y que, con toda probabilidad, si no se acompaña de un cambio radical en la política farmacéutica del SNS, con la introducción de mecanismos basados en consideraciones de valor terapéutico y eficiencia clínica, tendrá un efecto limitado y muy a corto plazo.
Para los pensionistas jubilados todo esto puede tener un efecto muy negativo. En primer lugar, tener que pagar por los medicamentos, supone, de facto, una rebaja en sus pensiones, cuando el gobierno se había comprometido a no hacerlo. Se argumenta que la cantidad es pequeña, pero para las pensiones más bajas, que son la mayoría, 8 o 18 euros al mes no son cantidades desdeñables. Pero no se trata solo de la cantidad de dinero, tener que pagar, aunque sea poco, puede tener un efecto de abandono terapéutico, con graves consecuencias para la salud de muchos de estos ciudadanos, o, puede provocar un cambio hacia la automedicación, con medicamentos que pueden no estar indicados para sus dolencias, o no ser tan efectivos como su medicación habitual, o incluso que recurran a remedios naturistas o de las llamadas “medicinas alternativas”.
Además, está el hecho de como se va a manejar el tema del tope mensual de la contribución por parte de los pensionistas. En principio, parece ser que se pretende que paguen el 10% de todas las recetas de un mes y que, después, se les reembolsarán las cantidades que superen el tope mensual, sin que quede muy claro como se procederá a esta devolución, ni en que plazos, aunque se habla de que se ingresarán en la cuenta donde se cobre la pensión, a los tres o seis meses. Teniendo en cuenta que la mayoría de los pensionistas toman una cantidad considerable de medicamentos, la inmensa mayoría de ellos van a superar cada mes los topes y, por tanto, la administración va a tener ingresado, de modo permanente, un dinero que les pertenece . Resultaría patético que una parte de la financiación del SNS viniera de una deuda permanente con nuestros pensionistas. Esperemos que mediante la implantación generalizada de la receta electrónica y programas informáticos adecuados, se evite este despropósito y no se cobre a los pensionistas una vez alcanzado el tope mensual. Parece que así será en Andalucía. Aquí en les Illes Balears, donde también está muy avanzada la implantación de la receta electrónica, no debería ser demasiado difícil hacer lo mismo.