De todo este follón que se ha armado a propósito de la mal llamada libre elección de lengua en las escuelas, el más sorprendido es el sector del Govern que pensaba que una porción significativa de los isleños iba a abrazar, al amparo de ese derecho, una primera enseñanza para sus hijos en lengua castellana. Al final, menos de un diez por ciento, si excluimos algún centro que ofertaba la doble línea. Hay que aclarar que también se han pasmado aquellos escandalosos que pronosticaban poco menos que la debacle del catalán y la resurrección escolar de Francisco Franco. En ocasiones, ambos extremos podrían darse la manita.
Quienes, por distintos motivos, conocemos las escuelas, sabíamos que lo probable era que el escenario cambiara poco, y trataré de explicarme.
Llevamos lustros en que las sucesivas generaciones de alumnos de educación infantil y primaria –básicamente entre los 5 y los 7 años- aprende, en su mayoría, las primeras letras en catalán y luego pasan, sin dificultad alguna, al castellano. La razón pedagógica es muy simple: La complejidad fonética del catalán es superior a la del castellano, mientras que la sintaxis y la gramática son muy parecidas, por lo que, obviamente, quien aprende a leer y escribir en catalán no ha de tener pega alguna para pasar a la lengua castellana, lo que normalmente ocurre –en la escuela, se entiende- en los primeros cursos de primaria. Este sistema funciona perfectamente, lo demuestran las evaluaciones de diagnóstico de primaria y secundaria; el nivel de conocimiento es similar.
Si tenemos en cuenta, además, que en este momento la lengua mayoritaria en todos los medios de comunicación, publicaciones, redes sociales y, sobre todo, en los hogares urbanos, es el castellano, no veo qué drama se avecina porque aseguremos que los niños aprendan la lengua catalana desde bien pequeños y así podamos contribuir a su normalización y a un deseable equilibrio futuro, roto por el fenómeno de la inmigración de los últimos años y por una política que en demasiadas ocasiones utiliza la lengua para arrojársela a la cabeza al prójimo.
El Govern se ha equivocado gravemente utilizando la lengua para ocultar sus carencias y fracasos. Lo de la Llei de la Funció Pública e IB3 es patético. Algunos palmeros de la extrema derecha más cutre le comen la oreja a Bauzá –que se deja- para que castellanice de una vez la enseñanza, desde la escoleta al doctorado y arrincone el catalán. Cierto es que la Ley de Normalización prevé que los padres puedan elegir que sus hijos aprendan las primeras letras en su lengua materna, pero el sistema puesto en práctica en la actual coyuntura económica es inoportuno, chapucero y sólo contribuye a crear confusión, porque Bauzá y Aguiló no han previsto un céntimo para apoyar a los centros en esta tarea -dejando a Bosch a merced de las críticas- y porque las familias lo que de verdad quieren es que sus hijos manejen sin problemas el catalán, el castellano -en el orden que ustedes quieran-, además del inglés y, si puede ser, el alemán, el ruso o el chino. Los padres y los colegios han dado una muestra de madurez y de sentido común. Pero, si el Govern del PP no quiere engañar a su parroquia pancastellanista, debe dotar a los centros con recursos humanos y didácticos para atender a esta minoría. Ellos han montado este cisco. Que lo arreglen.
Y luego, sólo hará falta que Bauzá y sus peones Gornés y Gómez rectifiquen la absurda y errática política de persecución a nuestra lengua y le devuelvan el estatus que la Constitución y el Estatut le otorgan: el de lengua oficial en todos los órdenes; no más, pero tampoco menos que la lengua castellana.