El próximo lunes se inicia el juicio por el caso “Temps d’Esports” en el que se pretenden esclarecer diferentes cuestiones relacionadas con Video U y en particular la concesión de determinadas subvenciones por parte del Consell de Mallorca a la empresa creada por Miquel Oliver. El juez instructor Juan Ignacio López Sola consideró que existían indicios de criminalidad en 2008 al observar un destino sospechoso de la subvención recibida por esta productora afincada en Palma.
Miguel Oliver Reus constituyó la productora de comunicación audiovisual Video U S.A. en 1982, desde la que desarrolló gran parte de su carrera profesional como realizador y como productor. A finales del año 2002, Miguel Oliver Reus, cedió el cargo de administrador a su socio Ramón Rullán a causa de una grave enfermedad. Una vez superados sus problemas de salud, Oliver se encargó personalmente, a partir de 2004, de buscar nuevas oportunidades de negocio y nuevos inversores para Video U.
Esta búsqueda venía condicionada por el veto explícito que le realizó el director general de Comunicación del Govern de les Illes Balears Joan Martorell (PP) al tratarse de una productora “claramente vinculada al PSOE”. Es por ello que Oliver acudió al Consell de Mallorca para solicitar ayuda económica a cambio de interceder ante el Gobierno de Rodríguez Zapatero (PSOE) para que el Consell de Mallorca consiguiera una licencia de televisión insular en TDT. Para ello, inició –según declaró el propio Oliver- contactos con el vicepresidente Miguel Nadal y con la directora insular de Comunicación Margarita Sotomayor.
En el marco de las investigaciones del caso Maquillaje, la fiscalía pone su punto de mira en el entramado societario de Miquel Oliver Reus, formado también por las empresas audiovisuales Ambbit Digital y Bahía Difusión, al sospechar que el destino que se habían dado a las 2 subvenciones recibidas por la emisión del programa radiofónico “Temps d’Esports” era fraudulento.
OLIVER PACTA CON FÍSCALÍA, CAMBIA DE VERSIÓN E IMPLICA A MUNAR
En un intento de obtener beneficios por parte de la fiscalía, Miguel Nadal Buades compareció voluntariamente ante el Juez instructor día el 26 de febrero, y confesó ser el autor de una serie de hechos irregulares que podrían ser delictivos, implicando a María Antonia Munar, en la compra de Video U. A pesar de ello, en una anterior comparecencia judicial, concretamente el 16 de diciembre de 2009, había negado tener participación en Video U ni directamente ni a través de testaferro.
Estos cambios de declaraciones también fueron secundados por Miquel Oliver. En su primera declaración judicial el 15 de enero de 2010, Oliver negó todas las acusaciones. Sin embargo, 40 días más tarde, el 26 de febrero de 2010 firmó un documento escrito en primera persona que presentó en el juzgado de Instrucción nº 2 cambiando su versión. Con ello, se beneficiaba de las atenuantes que la Fiscalía pudiera solicitar por su colaboración a pesar de no haber devuelto el dinero obtenido por las subvenciones.
Después de este pacto con el Ministerio Fiscal, Oliver, Almiñana y Rullán cambiaron su versión e implicaron directamente a Miquel Nadal afirmando que Miguel Sard era su testaferro, y también sostuvieron que “sospechan o saben de manera indirecta” que Víctor García representaba los intereses de Munar. Oliver declaró por escrito y mientras que los otros dos se adhirieron a lo manifestado por él.
Por su parte, Maria Antònia Munar no ha cambiado nunca su versión afirmando en todo momento que no es socia ni de manera directa ni indirecta de la empresa Video U y que no es cierto que llevara a cabo ninguna acción en este sentido.