La eurodiputada del Partido Popular de Illes Balears Rosa Estaràs ha apoyado en el pleno de la Eurocámara la aplicación de un nuevo reglamento acordado con los gobiernos de los Estados miembros para rebajar los precios de las llamadas y de los servicios de Internet en itinerancia, más conocido como roaming.
Esta nueva norma comenzará a aplicarse a partir del próximo 1 de julio y extenderá los límites de precio que ya se había establecido en 2007 para las llamadas transfronterizas dentro de la Unión Europea a los servicios de transferencia de datos, como el correo electrónico o la navegación por Internet, y reducirá todavía más los costes de las llamadas.
“Esta medida era una demanda histórica de los ciudadanos que se han visto obligados a pagar durante años precios desorbitados por conceptos como el roaming en territorio europeo. Con este nuevo reglamento tratamos de acercar a la ciudadanía europea y garantizar el establecimiento de precios ajustados y equilibrados por los servicios prestados”, destacó Estaràs.
A propuesta de los eurodiputados, los costes del uso de Internet se limitarán a un máximo de 70 céntimos por megabyte a partir del 1 de julio de este año, y se reducirán paulatinamente hasta los 45 céntimos en 2013 y los 20 céntimos el 1 de julio de 2014. En la actualidad, no existe ningún límite a los precios que los operadores imponen por el uso de Internet móvil entre los países de la UE.
El nuevo límite a los precios de las llamadas será de 29 céntimos por minuto a partir del 1 de julio de este año y de 19 céntimos desde julio de 2014. Actualmente, el máximo es de 35 céntimos. Los mensajes de texto también serán más baratos, puesto que bajarán de los actuales 11 céntimos hasta los 9 céntimos el próximo 1 de julio y, posteriormente, a 6 céntimos en julio de 2014.
Además, los consumidores tendrán la opción, desde el 1 de julio de 2014, de comprar los servicios de telefonía doméstica y de itinerancia por separado, con operadores diferentes si lo desean, y a la vez mantener el mismo número de teléfono. Las compañías no podrán cobrar a los usuarios por cambiar de empresa y deberán informarles de este derecho.
Estaràs insistió en que esta nueva normativa solo traerá ventajas para los consumidores y señaló que es un paso más en la homogeneización de la prestación de servicios en la Unión Europea.