El problema que quita al sueño a nuestro Gobierno es cómo ahorrar en el gasto público sin que nadie proteste: algo muy sencillo de hacer, si tuviéramos la voluntad de hacerlo y unas cuántas décadas de gestión coherente para lograr los resultados. ¿Cuándo se puede ahorrar en el sector público? Probablemente el cincuenta por ciento del gasto sea inútil, porque entre las plantillas hiperinfladas, lo que se desvía para beneficio de pocos, lo que se despilfarra, lo que no se utiliza, lo que se hace por procedimientos anticuados, más de la mitad de nuestros impuestos se pierden.
Al Gobierno ya le gustaría poder firmar una orden que recupere ese 50 por ciento del gasto. Pero no se puede. Esto sólo se logra con años de eficacia, con la creación de equipos serios y motivados, con gestores que tengan mimo por el detalle, con interés por lo público. Eso que hemos dilapidado durante los últimos veinte años, como mínimo, y ante lo que todos callamos.
Este país tiene un problema espectacular, del que es culpable toda la sociedad, incluyendo por supuesto a los políticos: el engaño colectivo en lo que hace referencia al sector público, consistente en dejar que sea un territorio donde cada uno campa a sus anchas. Hemos estado durante muchas décadas ignorando deliberadamente que la Administración es ineficaz, que allí muchos entran para dormitar hasta la jubilación, que la llegada de las nuevas tecnologías deberían haber significado una modernización radical, que quien hace las cosas bien debe ser premiado y quien las hace mal debe ser castigado. Encima, para rematarlo, dividimos el monstruo en diecisiete partes para que cada una de ellas crezca a imitación del modelo central anterior, con toda la parafernalia inútil. Como resultado de todo lo cual, hoy el desorden es monumental. ¿Qué funciona de forma ejemplar? Casi nada.
La situación a la que llegamos es terrible: hoy a nadie se le ocurriría en la Administración decir que algo va mal. Si es inútil decir qué se hace ilegalmente, imaginémos denunciar lo que, estando dentro de la norma, puede ser mejorado sensiblemente; lo que significa gestionar mejor. Allí, el libro de instrucciones tácito es mirar cómo va aquello, adaptarse, montárselo y dejar pasar el tiempo. Si uno tiene mucha dignidad -por supuesto, hay gente en esta situación-, en su parcela producirá, aunque ya se encargará el conjunto de que aquello probablemente sea inútil; y si por el contrario no hay vergüenza, entonces aquello será un desastre. En todo caso, sólo podremos trabajar dentro del modelo que, por razones hasta legales, está anquilosado, atascado, bloqueado. Es lo que es.
En muy pocos países avanzados la Administración tiene los recursos tan abundantes que tiene en España, pero
cuando los tiene, funciona como un reloj, proporcionando servicios valiosos para el ciudadano, haciéndole ahorrar tiempo y dinero, siendo efectiva y simple.
Pero el problema no se arregla con el Boletín Oficial del Estado. Es un problema cultural, arraigado, social, de
todos. Muy pocos tienen la impresión de que siendo aquello dinero público hay que ser eficaz; muy pocos piensan que la Administración puede ser efectiva y ágil; casi nadie cree que vale la pena tener un país moderno en el que el mérito decida algo y no sólo los trienios. A todos nos iba bien que el funcionario no sea despedible, que no tenga por qué producir, que sus sueldos aunque modestos sean de por vida. A todos nos va bien aquello de “aprobé una oposición” para justificar el “de por vida”, como si el resto de mortales no tuvieran que hacer una oposición cada día para vivir.
Así, pues, nuestro cáncer exige de una generación para cambiar, si es que alguien cree que vale la pena poner los medios para arreglarlo.