El Gobierno central aprobó ayer un proyecto de Ley que pretende paliar la tremenda oscuridad que reina en el sector público de España, desde tiempos inmemoriales. Es una iniciativa digna de aplauso, aunque va a requerir de muchos años para lograr que la trasparencia llegue realmente a nuestra sociedad; como es lógico imaginar, no basta con leyes para cambiar hábitos oscurantistas que están arraigados en los gestores y, en buena medida, en los ciudadanos. El gran error de los votantes es que pensamos que nosotros simplemente introducimos papeletas en las urnas. No, además de ello, somos los que lo financiamos todo, incluído el interminable despilfarro de este país. En España si usted le pregunta a alguien qué sueldo tiene, le responderá la cantidad que su empresa le ingresa mensualmente, ignorando que, además de ello, un 50 por ciento de ese salario ha sido 'intervenido' antes de que usted lo vea, para financiar al Estado, desde Rajoy hasta el alcalde de su zona. Y, por lo tanto, como pagano, tiene derecho a saber qué se hace con su dinero."
El oscurantismo se amparó históricamente en las dificultades para la accesibilidad a la información. Pero desde hace más de una década, con Internet, la única razón para mantener esta situación es el deseo absolutamente consciente de la clase política, de mantener su discrecionalidad. Porque, al final, más trasparencia equivale a menos discrecionalidad y esto equivale a menos poder.
Veamos, en España, gobierne quien gobierne, no es posible saber nada: ni las subvenciones, ni los salarios reales de los políticos, ni las ayudas a empresas públicas o privadas, ni las concesiones administrativas que se dan, ni siquiera hay una relación de adjudicaciones de contratos públicos, con los criterios de valoración y los competidores descartados. Más sutil, tampoco nadie dice por ejemplo qué ratios de eficacia contra las enfermedades tienen nuestros hospitales, o cuántos médicos por pacientes tenemos en las diferentes zonas o qué salarios tienen esos médicos; no tenemos ni idea de cuándo crímenes quedan por aclarar en Palma o cuánta policía municipal pagamos; ha tenido que venir la OCDE para decirnos que nuestra educación es un desastre porque aquí no se puede saber ni un dato de si su colegio es o no eficaz. Hay que hacer de meticuloso sabueso para lograr unir cabos sueltos y deducir la financiación de nuestra autonomía, con la que nos engañan una vez sí y otra también.
Yo, por supuesto, no me creo que la nueva ley vaya a resolver los problemas. Las cuestiones de esta naturaleza, tan arraigadas, tan poco demandadas por los ciudadanos, se escriben, se legislan, pero después se encuentran las fórmulas para rodearlas. Ya lo verán. Sucedió con la información pública a la que deben estar sometidos los grandes proyectos públicos que, al final, se limita a un proceso rápido y discreto en agosto, en condiciones imposibles, de forma que pasa desapercibido. Pensemos que si hubiera perfecta transparencia, todo lo que se ha visto que ocurre en el sector publico y que, faltaría más, también ocurre con las administraciones no investigadas (nadie se puede imaginar que estas cosas pasan con esta dimensión durante cuatro años, para después todo el mundo cambiar radicalmente y estar cuatro años siendo ejemplares) carecería de sentido. Los medios de comunicación publicarían que se ha escogido al proveedor más caro, que no se ha justificado el gasto, que no se cumplen los plazos, que se han desbordado los presupuestos, etcétera. Ya verán ustedes como quedará por ahí algún subterfugio que termine por llevar las cosas a su lugar: nos inundarán con información que no le interesa a nadie (el precio del recibo de la luz de Gesa, la contribución que pagan los locales públicos, el coste del papel de oficina o el precio de cada litro de gasolina que ponen a los coches públicos) pero nadie verá cómo se engrasan las maquinarias políticas que, de una forma u otra, viven de esas retenciones que le hacen a nuestros sueldos.
El intento es plausible pero si hubiera verdadera voluntad de transparencia, ya se habría puesto en marcha un mecanismo para que todas las licencias urbanísticas que solicitan los ciudadanos se puedan conocer online, con las respuestas que da la Administración a las mismas. Así, los vecinos sabrían qué se ha proyectado para el solar vecino y qué se ha respondido. No se preocupen que los afectados ya se movilizarán para protegerse de las barbaridades. Pero aquí, este paso, tan sencillo, tan común en el resto de Europa, atenta contra algún otro principio de esos que nos van tan bien para ocultarlo todo, como por ejemplo, el derecho a la intimidad. Por supuesto, se engaña, estafa y roba en la intimidad, nunca en un acto público. De forma que probablemente tengamos aquí un amparo universal.En todo caso, antes de ponerme la venda, agradezcamos que al menos nos hayan dicho que vamos por el camino de más transparencia. Peor sería que siguiéramos ignorando que en una democracia, además de votar, tenemos derecho a saber qué se hace con ese 50 por ciento de nuestro salario que ni siquiera vemos pero que la costado muy caro a nuestra empresa.