La defensa del empresario José María Ruiz-Mateos ha aportado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, un nuevo certificado médico después de que finalmente el imputado no haya comparecido para ser interrogado en el marco de su tercer causa penal en Baleares por presunta estafa.
Por su parte, sí ha hecho acto de presencia su hijo Álvaro Ruiz-Mateos, quien estaba citado a las 11.30 horas, si bien su declaración ha sido adelantada ante la ausencia de su padre. El encausado ha llegado a los Juzgados en medio de una nube de periodistas que aguardaban la llegada del fundador de Nueva Rumasa.
Así, el hijo de Ruiz-Mateos será interrogado por la presunta estafa en Mallorca por valor de unos 12 millones de euros en la compra de la totalidad de las acciones de la sociedad Hoteles Costa Oriental -propietaria del hotel Samoa, situado en Calas de Mallorca- a la familia Hoz.
La declaración se produce a raíz de la querella interpuesta por el grupo empresarial y que constituye la tercera presentada en Baleares contra el fundador de Nueva-Rumasa.
En concreto, la querella asevera que la familia Hoz es titular legítima de unos créditos que ascienden a 12,4 millones de euros, de los cuales se encuentran vencidos 641.078 euros, como consecuencia de la venta de las acciones de la sociedad a la entidad Free Size Slu, que según el escrito está en manos de una empresa domiciliada en el paraíso fiscal de Belice. Al frente de la mercantil se encuentra la imputada Álvarez Ampuero.
La denuncia afirma que la totalidad de las acciones fueron vendidas por 21 millones de euros, de los cuales 19,5 millones quedaron aplazados, tal y como consta en la escritura de compraventa. El escrito asevera que el hecho de que la familia Ruiz-Mateos declare que tiene todas las empresas en paraísos fiscales "ante la desconfianza del Gobierno" y que no se presentaran cuentas consolidadas como grupo de empresas "ha facilitado que todos ellos en conjunto, y como colaboradores necesarios, hayan perpetrado la presente estafa".
El empresario y sus seis hijos varones tienen retirado el pasaporte y prohibido salir del territorio nacional después de que así lo decretase el pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, quien además acordó para ellos la obligación de comparecer periódicamente 'apud acta' en dependencias judiciales, en el marco de otra causa por una presunta estafa de 7,3 millones de euros a Inversiones Insulares Radó.
Las mismas medidas cautelares que días después adoptó la jueza de adscripción territorial María Pascual, en funciones de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en el caso que indaga una supuesta estafa de 13,9 millones a Inversiones Grupo Miralles. La magistrada decretó asimismo una fianza civil de 18,5 millones de euros para el conocido empresario.
Mientras tanto, el juez de la Audiencia NacionalPablo Ruz decretó el pasado 26 de enero el embargo de todo el patrimonio de la familia Ruiz-Mateos, compuesto por unos 220 inmuebles, fincas rústicas, cerca de un centenar de obras de arte y vehículos de alta gama, tras los registros practicados porla Policía judicial durante cerca de 15 horas.
La incautación de estos bienes se produjo dentro de la causa abierta por Ruz, que investiga a los Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés de Nueva Rumasa, y para evitar su venta, ya que el dinero resultante de su liquidación estaría destinado a cubrir las deudas de 289,1 millones de euros contraídas con los afectados.