La entidad también advierte de que las clínicas donde se operaron “deben asumir los costes de su retirada y la colocación de nuevas prótesis. La existencia de irregularidades en su fabricación implica la responsabilidad frente a las consumidoras por parte de las empresas que se las vendieron y colocaron”, tal y como “establece la regulación sobre las garantías de productos del texto refundido dela Ley General parala Defensa de los Consumidores y Usuarios”.
En este sentido, FACUA ha realizado la misma recomendación que el Gobierno francés y espera que en España, el Ministerio de Sanidad lance el mismo mensaje a las afectadas.
Y es que, hasta ahora “se ha limitado a decir que ha encargado una investigación sobre el asunto, aconsejando a las usuarias de estas prótesis que se las revisen, pero sin instarles a su retirada”.
De hecho, la empresa francesa PIP cerró en 2010 después de declararse en suspensión de pagos y, según la información que ha trascendido, “la firma usó en el 80% de sus implantes un gel que no cumplía las normas sanitarias para aumentar sus beneficios en hasta un millón de euros al año, ya que le costaba diez veces menos que el autorizado”.
En cuanto al fundador de PIP, que se encuentra en paradero desconocido, “hay una investigación abierta por la Justicia francesa desde principios de 2010 por presunta estafa, publicidad engañosa y poner en peligro la vida de las usuarias de sus prótesis”.