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La Policía Nacional ha detenido a
ocho personas por un delito de falsedad documental, estafa y delito contra la Seguridad Social, debido a la supuesta contratación ficticia de varios trabajadores por parte de una empresa, los cuales figuran dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
La investigación se inició en el mes de octubre del pasado año, cuando tras realizar un dispositivo de prevención de la delincuencia, entre las mujeres nigerianas de la Platja de Palma, los investigadores se percataron que tres de ellas se encontraban
dadas de alta en Seguridad Social con un contrato como operadoras de telecomunicaciones, para un trabajador autónomo.La Policía Nacional se desplazó hasta la sede de la empresa, que resultó ser
un pequeño locutorio en la comarca de Inca y tras las gestiones de investigación se constató que las únicas personas que trabajan en el mismo es el trabajador autónomo titular del negocio y su hijo. A partir de ese momento, se realizó una inspección conjunta con Inspección de Trabajo en el local de la empresa. En el transcurso de la misma la única persona que se encontraba a cargo del local en el momento de la inspección era el hijo del propietario de 17 años de edad.
Por parte de Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Illes Balears, se emite informe de que se trata de una
empresa ficticia, para realizar contratos de trabajo falsos, sin llevarse a cabo realmente ningún tipo de trabajo con el único fin de
regularizar su situación administrativa y percibir ayudas estatales. Acumulando una deuda con la Seguridad Social por importe de más de 21.500€ y los falsos trabajadores habían solicitado prestaciones que hubieran repercutido un total de más de 22.000€, si bien gracias a la actuación policial
estas prestaciones por desempleo no se llegaron a pagar.El grupo de la Ucrif de la Policía Nacional, quienes han llevado la investigación, procedieron a la detención de
8 de los trabajadores, los cuales reconocieron que debían pagar al empresario una cantidad de entre 500 y 1.000 € por cada contrato falso.