Ahorro y justicia social

A los dos años de la entrada en vigor de las medidas de sostenibilidad en el ámbito del gasto farmacéutico se visualizan resultados muy clarificadores. Los indicadores de la prescripción vía receta muestran, sólo en el último año, una bajada superior al 20%.  El gasto farmacéutico ha bajado hasta el 15% de un gasto sanitario menguante. El ahorro global es superior a los 3.500 millones de euros. El objetivo económico se ha cumplido con creces.

La carga de la partida ahorrada ha afectado, prioritariamente, a la industria innovadora -se han primado los medicamentos genéricos-, a los trabajadores del sector -ERES masivos en investigadores, visitadores médicos,... y a los pacientes. El aumento del copago en activos y la introducción de un canon a las clases pasivas (jubilados) ha contribuido de una forma importante. Probablemente también se ha producido un ahorro directo limitando los abusos, se han introducido factores de racionalización y se han bajado los precios de la gran mayoría de fármacos. Las oficinas de farmacia radicadas en núcleos de población pequeños, con bajo volumen de negocio, han visto como mermaban sus ingresos y han empezado a tener problemas de supervivencia. Algunas han entrado en concurso de acreedores. Distintas administraciones han tenido que arbitrar porcentajes de beneficio superiores para evitar el cierre y el desabastecimiento en áreas de poca densidad de población.

Se han detectado determinados grupos de población enferma que tienen dificultades para mantener la adherencia farmacológica. Tienen que elegir, para ser claros, entre el pan o el medicamento. Es una población pequeña, no organizada, que no se manifiesta, que no tiene posibilidades ni medios para quejarse, con mínimos recursos personales y sin soporte familiar.

Se echa en falta una norma que facilite la gratuidad para este colectivo. En las comunidades que han dictado medidas al respecto han solicitado la ayuda un 3% de la población. El volumen económico es un mínimo porcentaje del ahorro realizado.

La sensibilidad social se expresa de forma meridiana en este tipo de medidas. Sin dejar de cumplir con la mayor, en este caso hacer sostenible el gasto sanitario, evitan efectos indeseables directos en los más débiles y se esfuerzan de forma expresa en respetar la dignidad de los más desfavorecidos; además, son afectados directos por el cambio legislativo y el precio lo pagan, no con dinero, que no tienen, sino con su salud.