SUCESOS Y TRIBUNALES

Castro abre la puerta para el juicio a la infanta

el juez decide mantener la imputación de Cristina por delito fiscal y blanqueo de dinero

Miércoles 25 de junio de 2014
cristina


El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha puesto este miércoles fin a la instrucción del caso Nóos tras cuatro años de investigaciones, y ha acordado mantener la imputación de la Infanta Cristina por presunto blanqueo de capitales y como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales. El juez abre así la vía para que la Duquesa de Palma pueda sentarse en el banquillo de los acusados..

Así lo ha decretado mediante un auto, conocido como pase a procedimiento abreviado, en el que también da el primer paso para que Iñaki Urdangarin sea juzgado. Se trata de una resolución contra la que cabe interponer tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- como de apelación -directamente ante la Audiencia Provincial de Baleares-.

En concreto, Castro considera a la Duquesa cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que habría cometido su marido, al sostener que su papel fue imprescindible para que Urdangarin pudiera defraudar hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008. Y lo hizo a través de la sociedad de la que ambos son propietarios, Aizoon, al facturar a través de la misma -como rendimientos de actividades económicas- las retribuciones que cobró de entidades privadas por su condición de consejero asesor.

Todo ello, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, con el objetivo de tributar menos en su declaración de la renta. El propio Castro considera Aizoon como una sociedad pantalla de la que se valió el esposo de Urdangarin para cobrar las asesorías como si de rendimientos profesionales se tratara y no de servicios personales. Es más, Aizoon era una de las empresas ficticias que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

En cuanto al delito de blanqueo, el magistrado apunta a que doña Cristina, como socia al 50 por ciento de Aizoon, de estos ingresos presuntamente ilícitos al destinar el dinero que su sociedad percibió de Nóos a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el conocimiento de su origen delictivo.

Por otro lado, Castro ha archivado la imputación que pesaba sobre el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, así como sobre otros ocho encausados en el marco del caso Nóos, tal y como consta en el auto de pase a procedimiento abreviado con el que este miércoles ha puesto fin a la instrucción de este procedimiento judicial.

Junto a García Revenga, el juez también ha acordado el sobreseimiento para el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau; el empresario valenciano Miguel Zorío y el exdirectivo del Instituto Nóos Mario Sorribas, así como para Robert Cockx, Luis Tejeiro, Salvador Trinxet, Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

URDANGARIN

El juez José Castro propone que Iñaki Urdangarin sea juzgado como presunto autor de malversación, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la Administración y dos delitos fiscales por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió entre 2003 y 2006.

Los nueve presuntos delitos, de los que algunos fueron supuestamente cometidos de manera reiterada, figuran en el auto de pase a procedimiento abreviado dictado hoy por el juez Castro.

Con ello, el juez pone fin a la instrucción del caso Nóos y dispone que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares y populares personadas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

A lo largo de la instrucción del caso Nóos, Urdangarin ha prestado declaración ante el juez en dos ocasiones, en febrero de 2012 y de 2013. Además, varias de sus propiedades, incluido el llamado palacete de Pedralbes, están embargadas desde el pasado noviembre por impago de la fianza de responsabilidad civil de 6,1 millones que le impuso el juez ante una eventual condena.

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