Balears no integrará sus oficinas en el extranjero en las que tiene España

Balears, junto con Cataluña y el País Vasco, se ha quedado al margen de la integración de las oficinas de las comunidades autónomas en el exterior en la red de representaciones de España, que ha supuesto un ahorro de 4,2 millones de euros para las arcas públicas entre 2012 y 2013.

La estimación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha ofrecido este dato en una respuesta parlamentaria a la diputada de UPyD Irene Lozano en la que apunta que las 17 comunidades autónomas mantienen alrededor de 140 oficinas en el exterior, según el último recuento.

La CORA calcula que ahorro total que conllevaría la integración de todas las oficinas sería de 22 millones de euros para un período de tres años, de los que, de momento, se han ahorrado ya 4.217.576,57 euros.

El Gobierno recuerda que desde la oferta pública realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en enero de 2012, catorce comunidades autónomas han firmado Acuerdos de Colaboración con el Estado para la posible integración del personal de sus oficinas en los locales de las representaciones de España en el exterior.

Todas menos Balears, Cataluña y País Vasco han firmado esos convenios, nueve de ellos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura).

Además, de acuerdo con estos protocolos, las oficinas de cooperación para el desarrollo de las comunidades autónomas se han integrado en su mayor parte en las oficinas de la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID).

El Ministerio de Economía y Competitividad también ha firmado convenios de colaboración con las oficinas de promoción comercial de las comunidades autónomas para su integración en las Consejerías Económicas y Comerciales.

El Gobierno considera que la integración "es mutuamente beneficiosa y satisfactoria", pues conlleva mejoras en apoyo logístico e institucional del Estado para las comunidades autónomas, comunicación y colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas.

Aporta, según el Ejecutivo, "mayor eficacia, coherencia y cooperación de las administraciones en el exterior, ahorros en el despliegue exterior y un refuerzo positivo de la imagen de España en el exterior".