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Vecinos de Mallorca afectados por la adquisición de productos financieros tóxicos, especialmente preferentes, obligaciones subordinadas y cláusulas suelo, se han reunido con el presidente de la
Asociación para la Defensa de los Perjudicados de Entidades Financieras (APDEF), Francesc García Rafanell, y las letradas del despacho Stemlegal, María Darder y Diana Díaz, encargadas de atender a los afectados de la asociación en Mallorca, con el objeto de iniciar acciones legales contra las entidades financieras que les vendieron estos productos.
Según Diana Díaz, el perfil medio de los afectados en Mallorca por estos productos es el de
“persona ahorradora, generalmente mayor de 60 años, sin estudios superiores ni conocimientos bancarios y que no habían realizado inversiones de riesgo anteriormente”.La letrada también ha destacado que el despacho Stemlegal se ha unido a la
APDEF porque “creemos en los mismos ideales, primando por encima de todo el ayudar a todos los perjudicados de forma solidaria.
Durante la reunión, se ha informado a los asistentes sobre los tipos de productos que adquirieron y “bajo qué condiciones”, describiendo al detalle lo que significa ser poseedor de una participación preferente, un mecanismo de financiación de las entidades financieras, “sobre todo cajas”, que permitieron aumentar su capital y solvencia “a costa de los pequeños ahorradores”, indicó el presidente de la APDEF.
En cuanto a las obligaciones subordinadas, supusieron un cambio en la garantía de cobro, ya que
“sitúan a su comprador en último lugar a la hora de cobrar el dinero invertido en caso de quiebra de la entidad”.
En la reunión que ha tenido lugar en el Hotel Meliá Palas Atenea de la ciudad, los abogados encargados de la gestión de las demandas han recogido información de los asistentes para, en los días siguientes, atenderlos de manera personalizada, ya que la principal premisa de la asociación es la “personalización y cercanía”.
Sobre la Asociación de Perjudicados de Entidades FinancierasLa APDEF nace en 2012 con el objetivo de "defender y proteger a los perjudicados por las posibles prácticas abusivas llevadas a cabo por las entidades financieras y aunar esfuerzos para que a los afectados se les devuelva su dinero invertido”, describe su presidente, Francesc García Rafanell.
Además, la labor de esta sociedad es conseguir su objetivo con costes muy ajustados, lo que se llama “abogacía social”, ya que, dependiendo siempre del capital invertido por los perjudicados, por una mínima cantidad que normalmente se mueve entre los quinientos y los ochocientos euros y incluye las tasas judiciales, reclamación extrajudicial, poderes procurador y letrado. En la gran mayoría de procedimientos además es el banco quien tiene que acabar pagando las costas judiciales, con las ventajas que ello conlleva para los asociados.
Asimismo, la asociación cuenta con cerca de 34 bufetes asociados por toda España y debido a esta expansión por el territorio nacional, la APDEF tiene cerca de 2.200 socios, con más de 1.300 demandas en proceso y la resolución de más de 200 casos resueltos, con un 96% de éxito, ya que "existe una conciencia judicial por el atropello que se ha efectuado al pequeño ahorrador", denuncia García Rafanell.