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Según informa
Diario de Mallorca, la fiscalía ha presentado una denuncia por presunta corrupción contra un contrato público firmado por el
Govern del Pacte.
Según dicho contrato, se compraron
trece unidades del tren eléctrico para utilizarlas en la línea del metro de Palma.
La acusación pública ve indicios de que detrás de dicho contrato se pudo producir un presunto delito de fraude a la administración y otro de malversación de caudales públicos. La denuncia la firma la fiscal anticorrupción Ana Lamas y ya ha sido aceptada a trámite por el juzgado de instrucción número 5 de Palma.
A quien se señala con el dedo es a los
políticos del PSM que ostentaban los cargos de responsabilidad en la Conselleria de Obras Públicas durante la anterior legislatura.
La compra de los vagones comprometió unos pagos de
77 millones de euros del erario público, aprovechando una operación en la que no hubo concurso público.