Liderando los recortes

El estudio aportado por el Sindicato Médico de Baleares, en las asambleas de los centros sanitarios, ha mostrado y cuantificado lo que era una percepción generalizada. La Consejería de Salut está liderando los recortes a los profesionales sanitarios a nivel de todo el Estado.

Las cifras son claras y reflejan la discriminación en la mayoría de los complementos económicos, pero muy especialmente en el de Carrera Profesional (CP). La CP es una reivindicación de la década de los 80, que se hizo realidad en el año 2003; como no, con Ana Pastor. En tan solo 18 meses como ministra, Ana se convirtió en “la ministra de Sanidad” por antonomasia. En un año aprobó el cuerpo doctrinal que da cobertura al sistema sanitario tal como lo conocemos. Se aprobó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios y la Ley de Cohesión y Calidad del SNS que tienen como objetivo vertebrar la sanidad postransferencial. Una década más tarde, una parte muy importante del articulado está por desarrollar; y los aspectos que se han regulado, por la falta de visión de estado y por la tensiones territoriales, queda lejos del espíritu con el que aprobó y de la mayoría parlamentaria que le dio soporte. La igualdad de acceso al sistema y la libre circulación de profesionales y ciudadanos son a fecha de hoy, una quimera.

Un sector tan estratégico como la salud, se mantiene gracias a la calidad de sus profesionales, pero le cuesta avanzar por falta de decisiones estratégicas. Más bien, las tensiones de sostenibilidad están provocadas por los estragos generados por ministros de medio pelo como Villalobos, Salgado o Pajín, y por otros tantos “ministrillos” que desde las comunidades juegan su propio “juego de Rol” por encima del rol y de las necesidades de los pacientes.

A lo que íbamos, la CP es un instrumento creado para incentivar y potenciar la actividad asistencial, la gestión clínica, la docencia, la investigación y el compromiso con la organización. Se ha quedado reducida a la mínima expresión. Tras su implantación reglamentaria por Ana Castillo en 2007, en la actualidad, Baleares es la única comunidad que no dispone de una norma ordinaria que la desarrolle. Miles de profesionales no pueden acceder a la misma. A los que se incorporaron en la fase de implantación se la han desmochado.

El aprecio personal que tengo por alguno de los actuales directivos sanitarios y consciente de su esfuerzo y dedicación, no es óbice para llamar a las cosas por su nombre y afirmar que los resultado de gestión son más que dudosos.

Los indicadores generales de actividad hechos públicos son primarios y anticuados. No sirven para evaluar la eficiencia. Las estancias de los centros sociosanitarios divulgadas solo explican la actividad hostelera; para nada aportan consideraciones asistenciales y de coste. Las 54.000 estancias se realizan con 150 camas; queda por explicar que ha pasado con las 20.000 posibles estancias que se pueden generar con las 57 camas que faltan hasta las 207 reconocidas en el Catálogo Nacional de Hospitales para el Hospital Juan March y General, a la vez que se realizan conciertos y se aprueban partidas económicas suplementarias para ingresos en centros ajenos.

En relación a la CP me conformaría que quien tiene que tomar la decisión sobre su futuro, se preocupara de conocerla en su verdadera dimensión y sus oportunidades, impulsándola en términos de racionalización y eficiencia más que de recorte y racionamiento.

Sanidad tiene un problema. Un problema que nos distancia de los estándares que rigen en el resto de comunidades autónomas. Un problema de dirección y liderazgo, que por lo que se ve, no se resuelve ni cuando se rectifica y que está afectando a la credibilidad, confianza y solvencia del sistema sanitario.