Regalo de Reyes

José Castro, Juez de Instrucción de Palma, seguramente sin ninguna intención, está brindando a la Corona la última oportunidad de salvar lo que queda de su malogrado prestigio, apolillado en el armario de la transición. Que la imputación de Cristina de Borbón no acabará con la infanta en el banquillo es ya sabido, porque la Fiscalía y la abogacía del Estado están haciendo algo más que oponerse a su imputación, están, de hecho, bloqueando su enjuiciamiento, sobre la base de la llamada doctrina Botín, que impide que se pueda abrir juicio oral contra un imputado si únicamente es acusado por la acción popular, como viene ocurriendo -y ocurrirá- en el caso Noós. La torpeza del entorno de la Casa Real es inconmensurable. Sólo el fanatismo de determinada prensa estatal confesa o interesadamente -por el dinero baila el perro- monárquica puede todavía cuestionar el proceso a fuer de desprestigiar personalmente al juez de instrucción. Ayer llegué a escuchar a un conspicuo comentarista radiofónico aludir a los "gintonics" -por cierto, los supuestos testigos hablaban sólo de uno- que el juez Castro se habría tomado en compañía de la abogada de "Manos Limpias", Virginia López, refrescándonos las fotos que publicó hace cuatro meses el ABC para supuesta mayor gloria del rey, su señor. Semejante basura intelectual es fácilmente rebatible sin más que recordar las muchas más ocasiones que el juez se ha reunido con el fiscal Horrach, no sé si tomando gintonics, una tisana, agua de Solares o un carajillo de Amazona, que a ver si ahora va a resultar que está en vigor en España la Ley Seca. También escuché la opinión precocinada de un exsocialista como Joaquín Leguina que, tras admitir que no había leído ni una frase del Auto de 227 folios de Castro, arremetía contra éste, que no contra sus argumentos, que por supuesto desconocía. A los míos con razón o sin ella, muy hispánico todo. Castro es un juez con defectos, como cualquier mortal, y sin duda a veces se equivoca, pero en el presente caso la extralimitación lo es por la absurda tesitura en que la fiscalía y la propia Audiencia de Palma lo han colocado: Para imputar a una hija del rey hace falta mucho más que para cualquier otro ciudadano, faltaría más. Hacen falta nada menos que 227 folios en lugar de 1. Y eso, descartando cualquier posibilidad de enjuiciamiento, que hasta ahí podíamos llegar. No en vano, esta monarquía es heredera de la franquista Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 1947 -España estaba vetada hasta en la ONU-, cuya ilegalidad fue denunciada por don Juan, legítimo heredero de la casa Borbón. Su primogénito, en cambio, no tuvo empacho alguno en preterirle en la sucesión sobre la base de la legitimidad "del 18 de julio", todo un síntoma. Por tanto, nada tiene de extraño que hasta para dar explicaciones sobre los chanchullos de su marido -y socio- y de su hipotética participación en los mismos, una infanta de España se resista no sólo con una defensa que más o menos pagamos entre todos, sino hasta con tres: abogado defensor, fiscal anticorrupción y abogado del Estado. Sólo les ha faltado movilizar la División Acorazada Brunete, el Tercio y el séptimo de caballería de Kansas. Por cierto, cobrando lo que cobran, ya estaría bien que los abogados del bufete de Miquel Roca i Junyent no se contradijeran públicamente sobre la conveniencia o no de aceptar una imputación que, con toda seguridad, se va a quedar ahí. Huelga decir que la monarquía es en sí misma un fósil con raíces en las especies precedentes al Homo Sapiens; pero, con actitudes abiertamente obstructivas como ésta, a buen seguro la institución se está suicidando. Y fíjense, no sé si alegrarme.