Viernes 22 de noviembre de 2013
La decisión judicial de declarar la culpabilidad del concurso de acreedores presentado por Radio Televisió de Mallorca y obligar a los consejeros políticos apagar de su bolsillo el 5% de la deuda de la entidad tendría que abrir un proceso de reflexión sobre como se finiquitó este medio de comunicación público que dependía del Consell de Mallorca.
El PP consiguió el control de la institución insular con el claro objetivo de cerrar este ente. Lo hizo en poco tiempo, con escasos miramientos y sin afrontar la deuda de esta emisora de radio y televisión. Ahora se ven las consecuencias, los consejeros políticos (pertenecientes a todos los partidos) tienen que afrontar lo que no hizo el gobierno de la institución responsable.
La deuda de los medios de comunicación públicos es un mal endémico en todo el Estado. La gran mayoría de los entes audiovisuales pertenecientes a autonomías o diputaciones arrastran una deuda muy importante. Sin embargo, fue el gobierno insular el que impulsó el cierre traumático de la televisión de Mallorca en vez de articular un proceso más lógico, más escalonado y más comprometido con el pago de la deuda.
Ahora llegan los problemas, consecuencia de una decisión política acelerada, poco reflexiva y, en consecuencia, contraproducente.
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