Tras más de cinco años en fase de instrucción, la Audiencia Provincial de Baleares prevé acoger desde este lunes, a partir de las 9.30 horas, el juicio del llamado caso Turisme Jove, por el que un total de trece exaltos cargos y empresarios se sentarán en el banquillo acusados de desviar más de un millón de euros a través de este consorcio público durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), llegando a provocar la quiebra técnica de la empresa.
Entre ellos se encuentran el exdirector general de Juventud Juan Francisco Gálvez (que se enfrenta a la petición de pena más elevada: 12 años de cárcel), el exgerente de Turisme Jove Damià Amengual (10 años y medio), y el exjefe de Servicios de la empresa Juan Francisco Gosálbez (cuatro y medio), a quienes se les acusa de haber planificado y desarrollado entre 2003 y 2007 una trama dirigida a saquear las arcas de la entidad en su propio beneficio.
En total, la Fiscalía solicita 48 años y medio de prisión para los inculpados, quienes podrían ver reducidas las peticiones de pena de fructificar las negociaciones mantenidas con la acusación pública de cara a alcanzar un acuerdo de conformidad, según han apuntado fuentes jurídicas a Europa Press.
Los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau detallan en su escrito de calificación provisional cómo los principales acusados -Gálvez, Amengual y Gosálbez- utilizaron "distintas operativas" para obtener "un enriquecimiento a costa de los fondos y cargos públicos, aprovechándose de la "falta total y absoluta" de controles administrativos sobre su gestión.
Para ello, contaron con la intervención de los otros encausados -particulares con quienes se relacionaban o contrataron al margen de los procedimientos de contratación pública- con quienes presuntamente se concertaron a fin de admitirles facturas que no se correspondían con servicios prestados.
Además, la acusación pública sostiene que los responsables del consorcio habrían cobrado comisiones por la adjudicación de los contratos y habrían interpuesto sociedades expresamente constituidas para defraudar a la administración, obteniendo del erario público el reintegro de gastos personales y ocasionando de este modo a Turisme Jove un perjuicio que superaría el millón de euros, según las investigaciones practicadas dentro de este caso.
Otros de los imputados a quienes acusa la Fiscalía son el empresario de Injerjes de Paguera y ex regidor de Calvià, Jesús García Oeo; el empresario Miguel Rigo; la compañera sentimental de éste último, María Auxiliadora Pérez; el constructor Marcos Pérez; los socios de Náutica Aventura, Antonio Dols y Bartolomé Gayà; el constructor Antonio Tugores; el publicista Manuel Carmelo; el rotulista Pau Pujante y el hotelero francés André José Villena, quien según las pesquisas facturó 120.000 euros al consorcio varias estancias en establecimientos de Alpe d'Huez (Francia) y Vago (Portugal) que nunca llegaron a realizarse.
También están personados en el caso, como acusación popular, el PP, que únicamente acusa a Gosálbez -para quien solicita cuatro años y medio de cárcel- y el Consorcio para la Presencia y Promoción del Alberguismo (REAJ), que pide cuatro años de prisión para Gosálbez, Amengual, Gálvez y María Auxiliadora Pérez. Las acusaciones reclaman además cuantiosas indemnizaciones para los inculpados en favor de Turisme Jove y el REAJ.
Cabe recordar que el caso se inició en agosto de 2008, después de que la Conselleria de Juventud y Deportes, que en la segunda legislatura de Matas estaba dirigida por la consellera Rosa Puig, detectase irregularidades en la gestión del Consorcio y pidiese a los Servicios Jurídicos del Govern que investigaran estas anomalías. Tras confirmarlas, el Ejecutivo autonómico puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción.
