Estrategias de fidelización

Gibraltar y las Islas Baleares presentan algunas diferencias. La principal de todas ellas es que a mí lo que pase en Gibraltar me importa muy poco, mientras que sí me importa lo que pase en Mallorca y algo menos, reconozcámoslo, lo que pase en Menorca, Ibiza o Formentera. A esa diferencia esencial podríamos añadir alguna otra de menor relevancia, como que Gibraltar es un peñón al sur de la Península Ibérica y las Islas Baleares son, sorprendentemente, islas, que no solo no son las Canarias sino que además están en el Mediterráneo, lo cual para algún mesetario despistado también puede ser sorprendente. Pero de todas estas diferencias hay una que nos afecta especialmente. Esa diferencia es que las Islas Baleares forman parte de España y Gibraltar no desde el Tratado de Utrecht de 1713, por el que, entre otras cosas, ese trozo de tierra pasó a engrandecer el Imperio Británico. En una España en la que cada vez más gente confunde Estado con Nación nos hallamos ante una realidad territorial que bien podría compararse a lo que todos vivimos con algunas compañías de telefonía móvil o algunas entidades financieras. ¿Cuál es esa realidad? Muy sencilla: si eres un cliente pequeño y antiguo te tratan como a un despojo, pero si eres un potencial nuevo cliente, amigo mío, se abren para ti las puertas del mismo paraíso en la tierra. Beneficios, sorteos, tipos de interés, televisiones, thermomixes…, “todo esto será tuyo si conmigo contratas…”. Entre Gibraltar y las Islas Baleares sucede exactamente lo mismo. Las Islas Baleares somos el cliente pequeño y antiguo, el despojo o, como cantaban los alumnos de Montesión, los “trozos de España lanzados al mar”, aunque a lo mejor deberían cantar la versión más nostálgica de “olvidados en el mar”. Ningún añadido empeoraría la realidad. Para muestra un botón: las Islas Baleares recibirán para 2014 una inversión del Estado de unos 70 millones de euros, frente a los cientos de millones que recibirán los demás. No pretendo ser preciso con las cifras, para no aburrir excesivamente, pero las Islas Baleares son, una vez más, el furgón de cola en inversiones del Estado, tanto en términos absolutos como en inversión por habitante, siendo de las que mayor esfuerzo de solidaridad realiza en aras a la redistribución de la riqueza. Este atropello es constante, no puntual. Gobierne quien gobierne en Madrid, la burla está garantizada. Gibraltar es el cliente potencial con pasta. Y la verdad es que no me imagino a ningún Presidente del Gobierno de España yéndose a Gibraltar a tratar de convencer a los llanitos de que estarán mejor bajo la campechana corona de Juan Carlos que bajo la gélida de Isabel con el argumento de que les sacarán la sangre y les devolverán miseria. Eso no se hace con los clientes nuevos. Habrá que prometerles la máxima autonomía y los máximos privilegios fiscales. O al menos una thermomix. Hace 300 años que los gibraltareños no son españoles y no quieren volver a serlo. Y menos aun querrán serlo si una delegación de mallorquines les visita y les explica de qué va la cosa, cuál es la letra pequeña. Lo cierto, a pesar de todo, es que existe una explicación coherente que justificaría que el Estado invirtiera territorializadamente en las Islas Baleares menos dinero por habitante que en otros sitios. Y la explicación es la siguiente. Cuando hablamos de inversiones territorializadas del Estado en una Comunidad, hablamos del dinero que el Estado gastará en concepto de inversión (por lo general Capítulo VI de los Presupuestos) en infraestructuras o aspectos que sean de su competencia en ese territorio concreto. En la Península existen, entre otros, dos grupos de infraestructuras que suponen gastos enormes en materia de inversión, como son las carreteras y los ferrocarriles (no sé si me cabrá en la cabeza algún día el dispendio del AVE). Los ferrocarriles y las carreteras intercomunitarias (por ejemplo, una carretera nacional, o autovía, o vía férrea que una Oviedo con Santander) son competencia del Estado. Por tanto, el Estado invierte de forma territorializada en cada Comunidad Autónoma por donde pasa esa infraestructura viaria o férrea una importante cantidad de dinero. En esa unión de Oviedo con Santander, el Estado invertirá de forma territorializada una parte en Asturias y otra parte en Cantabria, porque la carretera o tren que las une es competencia estatal, al ser una infraestructura intercomunitaria. Y llegamos aquí al quid de la cuestión: ¿qué se necesita para tener una infraestructura férrea o viaria intercomunitaria competencia del Estado? Pues muy sencillo, tener frontera terrestre con otra Comunidad Autónoma, lo que siendo islas resulta imposible, por más que seamos “trozos de España lanzados al mar”. Ningún tren, sea AVE o no, ni ninguna carretera, puede conectar las Islas Baleares con otra Comunidad Autónoma, salvo el famoso puente desde Valencia hasta Mallorca que hace tantas décadas nos trepana los tímpanos. Al no tener tal frontera terrestre, no tenemos infraestructuras viarias o férreas que conecten varias Comunidades Autónomas y que sean competencia del Estado, por lo que la inversión estatal territorializada por esos conceptos es imposible geográficamente, lo que rebaja sensiblemente la cifra final a invertir. Hasta aquí la explicación que hasta un político de tipo medio podría haber dado sin necesidad de un guión previo ni notas del gabinete de prensa. Pero asumida esta triste realidad insular, de la que no tenemos nosotros la culpa sino que la tienen aquellos que nos “lanzaron al mar”, creo que es exigible que de una vez por todas se actúe con algo de equidad y sentido de justicia distributiva, y con un poco de imaginación, caramba. Puesta en primer lugar de la lista de prioridades la solidaridad, deberemos preguntarnos si el Estado no tiene medios suficientes para compensar ese déficit de inversiones que sufrimos históricamente. Si no existen cuestiones en las que puedan aportar recursos económicos que compensen el tratarnos sistemáticamente como idiotas. Las empresas de las islas sufren problemas de competitividad por el encarecimiento en el transporte de materias primas o de productos manufacturados. Los ciudadanos sufrimos los problemas del transporte aéreo y marítimo, con precios cada vez más abusivos y sin alternativa. Los niveles de gasto corriente en sanidad y educación, por las cicateras transferencias de competencias del año 2000, asfixian año tras año el margen de maniobra presupuestario del Ejecutivo Autonómico, impidiendo siquiera en muchos casos el mínimo mantenimiento de las instalaciones. Nuestros Ayuntamientos venden las telarañas de su tesorería al peso, para intentar llegar a final de mes con las luces de la calle encendidas. Nuestras infraestructuras ferroviarias deben mejorar, porque no es normal tardar 80 minutos en llegar a Manacor. Nuestra UIB cierra proyectos de investigación por falta dramática de recursos. Nuestros montes se queman sin medios para limpiarlos en invierno. La lista de necesidades es enorme… Es cierto que nada de todo esto podría, técnicamente, considerarse inversión territorializada. ¡¡¡Pero tampoco una thermomix es un producto financiero, y bien que se lo ofrecen los bancos a potenciales clientes a cambio de domiciliar la nómina!!! Para tener meros gestores, no hace falta tener políticos. Abusar del tecnicismo para negar la Justicia, mientras los ciudadanos de las islas, con el sudor de su frente y su esfuerzo aportan como nadie para que en Extremadura,  Andalucía o Murcia los políticos saquen pecho de unos servicios que aquí no podemos ni soñar, es jugar con fuego.