Castro pierde los papeles

El surrealista extravío del expediente completo de la pieza separada del Palma Arena que investiga la financiación ilegal del PP Balear, cuyo instructor es José Castro, se ha convertido en uno de los capítulos más estrambóticos del rosario judicial inacabable en que se ha convertido el velódromo de Palma. Según la normativa española, un juez instructor tiene poder absoluto en su investigación. Puede cerrar un puerto o un aeropuerto si lo considera conveniente.  Incluso suspender una misa solemne el día del Corpus Christi si lo ve adecuado. De hecho, hace unos años Castro se presentó en plena Nochebuena en el palacete del expresidente Matas acompañado de Fiscalía y numerosos policías tratando de encontrar una caja fuerte y registrando incluso la habitación conyugal del matrimionio, incluídas las prendas íntimas de la señora. Dada la señalada fecha, nunca se ha sabido si tan precipitada actuación se debía al temor de que en días de  Papa Noel  pudiera desaparecer algún papel comprometedor de los Matas. Lo cierto es que Castro decidió actuar cuando lo consideró conveniente. Vistos los antecedentes, parecerá poca cosa que Castro perdiera el control del expediente Palma Arena-financiación PP denunciado por mallorcadiario.com hace una semana. Durante todo este tiempo, el juez ha buscado el sumario por todas partes, preguntando a tirios y troyanos, a abogados y periodistas, si lo habían visto. Finalmente ha saltado la sorpresa. La Guardia Civil lo tenía en su poder porque había realizado algunas prácticas de investigación y no lo había devuelto. A saber desde cuando. Asumido que el error humano es más que posible en este y en mil casos más, sorprende que el extravío haya afectado a un sonado caso de financiación ilegal del partido del Gobierno, precisamente ahora que está tan en primera línea informativa la financiación ilegal de la cúpula nacional de PP a causa del caso Bárcenas. Los agentes de la Guardia Civil que se quedaron el expediente actuaban como Policía Judicial, formalmente a las órdenes del juez. Pero en realidad la Benemérita está supeditada al poder político de turno, en la actualidad afectado por financiación ilegal y no hay que olvidar que la máxima autoridad de la Benemérita en las Islas es la delegada del Gobierno, Teresa Palmer, puesta a dedo a propuesta de José Ramón Bauzá para sustituir, en su día, a José María Rodríguez. La cosa tiene mala pinta, se mire como se mire. Además, aunque el poder de Castro sea omnímodo, cabe tener presente que como todos los servidores públicos tiene el deber de custodiar los documentos que tiene bajo su tutela y control. No hacerlo, olvidarse de quien se ha llevado un expediente, genera, cuanto menos, inseguridad jurídica. Y si encima este sumario contiene datos sobre presunto dinero opaco con destinación política, la situación produce vértigo, un escalofriante y tenebroso vértigo. Curiosamente, este jueves Castro ha retirado las medidas cautelares a Fernando Areal Montesinos, cuñado de Matas y exgerente del PP. ¿Tiene algo que ver esta decisión con el redescubrimiento del expediente? ¿Se trata de otra casualidad? Lo cierto es que el Tribunal Supremo rebajó en su momento de manera muy sensible la pena impuesta a Jaume Matas en Palma a la par que expresó una amarga queja por la forma como se instruyó el sumario. En conjunto son demasiados factores que mueven a la preocupación. Y una instrucción sumarial ha de ser, ante todo, precisa, técnica, seria y profesional. No un baile de papeles que a veces se filtran, o se extravían, o resurgen de forma misteriosa.