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El fiscal Anticorrupción,
Pedro Horrach, no esconde su "frustración personal" por la rebaja de condena al expresidente balear
Jaume Matas, dictada recientemente por el Tribunal Supremo. en esta misma línea, anuncia un compromiso: "Haré todo lo posible para que sea condenado por los hechos delictivos que se están investigando en estos momentos y donde presuntamente ha participado el señor Matas".
La dificultad para llegar a pactos con los imputados es la justificación que aporta el fiscal Anticorrupción
Pedro Horrach en su propuesta para que exista “impunidad o amnistía” para aquellas personas que delaten a otras que han cometido algún delito relacionado con la corrupción.
En una conferencia ofrecida este jueves en el Auditori de Santa Margalida con motivo de las Fiestas de Sant Mateu, Horrach se quejó de la falta de medios en España para proteger a los denunciantes, y más en un territorio como Mallorca donde “las posibilidades de obstáculos” para aquellos que informen de un delito “son inmensas”. Ahondando en la cuestión, incluso llega a proponer un
premio económico para los denunciantes.
Desde la Fiscalía Anticorrupción se da gran importancia a las delaciones puesto que “los delitos de corrupción normalmente se ocultan y se ponen barreras para obstaculizar la investigación”, por ello, según Horrach “nuestra misión consiste en ir acumulando indicios”.
Horrach califica de “beneficiosos” los pactos con los ‘arrepentidos’ puesto que “no tenemos el cadáver encima de la mesa”. En términos pragmáticos, el fiscal reconoce que “sirven para rebajar el colapso judicial”.
“SOY EL ÚNICO RESPONSABLE DE LO QUE FIRMO”
Pedro Horrach empezó su parlamento justificando su actuación en el Caso Nóos en relación a la
Infanta Cristina, aunque sin nombrarlo explícitamente, asegurando que él es “el único responsable de lo que firmo” y que su actuación únicamente está sometida “a los principios de legalidad e imparcialidad”. “
No estoy para tapar nada ni proteger a nadie, la única orden que he recibido de Madrid es que tengo que hacer lo que estime conveniente” aseguró de manera vehemente ante el foro vilero.
El fiscal anticorrupción considera que sería más “lógico” que fuera
él quien decidiera quien se tiene que imputar y no el juez, puesto que “la acusación la lleva el fiscal”.
En referencia a un posible traslado del Caso Nóos a los tribunales de la Comunidad Valenciana, Horrach sólo realiza una petición: que se realice un único juicio por cuestiones de operatividad y coste económico.
EN CONTRA DEL BIPARTIDISMO
En el mismo día en que el Tribunal Supremo revisaba la condena a Maria Antònia Munar por el caso Temps d’Esports, Horrach entraba en consideraciones políticas al criticar el “bipartidismo” como un sistema que fomenta la corrupción.
“La calidad de un gobierno depende de la imparcialidad en que se implante sus políticas, y por ello los funcionarios públicos no tienen que estar implantados por influencia” argumentó Horrach.
“SOMOS UN AUTÉNTICO COLADOR”
Las
filtraciones son entendidas por Horrach como un gran problema para las investigaciones que se llevan a cabo, puesto que permiten al investigado la eliminación de pruebas de manera inmediata. El fiscal considera “importante” que la información no se filtre, aunque lamenta que “a veces pienso que somos un auténtico colador”.
Sin embargo, Horrach no quiere apuntar a ninguna parte cuando se refiere a las filtraciones, puesto que existe mucha gente que participa de las investigaciones –pertenecientes a distintos cuerpos del estado- y por tanto considera
“imposible” que se pueda conocer quien filtra la información. En caso de saberse, recuerda, se tiene que sancionar puesto que es un delito.
EL DECRETO URGENTE DEL TIL: UN DISPARATE
A preguntas de un asistente a la conferencia, Pedro Horrach calificó de “disparate” que el Govern de
José Ramón Bauzá promulgara un decreto de aplicación del TIL justo después de haber sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, y lo comparó con el caso de las “urbanizaciones seta” en el que responsables urbanísticos tramitaban la recalificación de terrenos para evitar que fueran demolidos por orden de los tribunales.
