El Estado contra Castro

El fiscal Pedro Horrach, a las órdenes jerárquicas del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, a su vez nombrado por el Gobierno Rajoy, ha dado el gran paso para quitarle al magistrado José Castro la instrucción del caso Nóos. Al exigir la imputación de Camps y Barberá al Tribunal Superior valenciano abre las puertas a que el sumario se vaya a la capital del Túria. De esta forma Urdangarín, Cristina, Diego Torres y el propio Jaume Matas se marchan muy lejos del enorme poder acumulado por Castro en los últimos tres años y medio, cuando en Madrid mandaba Zapatero, había un fiscal general nombrado por el PSOE y los fiscales Anticorrupción de Baleares estaban sujetos a esta jerarquía. Si todo fue carta blanca para Castro durante la era socialista, ahora le llegan los obstáculos, que pueden convertirse en definitivos dentro de muy poco. Parece evidente que la maquinaria del Estado está en marcha para dejar a Castro fuera de Nóos. Además, se hace desde la más estricta legalidad, con pasos milimetricamente meditados. Ya quedó claro cuando Horrach se opuso a la imputación de la infanta Cristina, dictada por Castro. En aquel punto el caso comenzaba a dirigirse hacia  la vía muerta. Objetivamente, la gran beneficiaria de Nóos era Cristina y el nivel de vida regio que obtenía con el dinero de importantes instituciones gracias al instituto que manejaban su marido Iñaki y el profesor Diego Torres. El siguiente movimiento del aparato del Estado es la ruta valenciana: un nuevo instructor, una nueva óptica para el conjunto del sumario. Ya lo ha advertido Horrach: "dos piezas separadas podrían producir fallos contradictorios". Es el propio fiscal quien da la clave del asunto en su escrito. No hace falta profundizar mucho más. Castro vuelve a estar más cerca de la cuneta. Cuando  Nóos llegue al Túria se espera otro camino posiblemente sin retorno. Ahora se ha hecho público que el Rey Juan Carlos donó 1,2 millones de euros a la infanta Cristina para la compra del palacete de Pedralbes. Esta es, al menos, la versión oficial. Y la definitiva. Porque el Rey es ininvestigable según la Constitución. En consecuencia, nunca la imputación de dos personajes, los valencianos Camps y Barberá, puede suponer la salvación jurídica  de destacados miembros de la Casa Real, o al menos, como en el caso de Iñaki Urdangarín, que sus problemas se vean notablemente mitigados. Todo apunta a que la gran máquina del Estado se dirige a dejar a Castro fuera de juego. También quedarán al margen los fiscales Anticorrupción  de Baleares, tan implacables con centenares de imputados isleños en los últimos años. Tan disciplinados cuando la investigación del velódromo de Palma les llevó hasta la mismísima hija del Rey de España.