Sanidad pública de pago

El domingo, día 1de septiembre, entra en vigor el reglamento que permite el acceso a la asistencia sanitaria a los ciudadanos sin tarjeta, mediante una contraprestación económica de sesenta euros al mes; de 157 para los mayores de 65 años.

Está dirigido especialmente a los colectivos que han quedado sin cobertura tras la reforma para la sostenibilidad del SNS, como son los inmigrantes no regularizados y los rentistas con ingresos superiores a 100.000 euros sin afiliación a la Seguridad Social. Pero además, establece la posibilidad de adherirse a los europeos que voluntariamente quieran suscribir un convenio de asistencia y a los ciudadanos de terceros países que durante su estancia en España, desean acceder al sistema sanitario público. Es una normativa necesaria para el desarrollo del RD 16/2012 que tanta polémica está generando desde su aprobación, en abril del año pasado.

El RD 16/2012, con la introducción de medidas de aseguramiento y coparticipación en el pago, ha servido para sensibilizar a los ciudadanos del coste de la asistencia médica, ha permitido reducir la factura farmacéutica y ha introducido la gratuidad de los medicamentos para los parados sin acceso a la prestación económica por desempleo.

De todas formas, debemos convenir, que el coste social y político está siendo muy alto. Los problemas tienen que ver, más que con el propio espíritu de la norma, con la dispersión e inequidad de su aplicación. La implantación está generando conflictos de acceso y de continuidad asistencial. Una medida tan sencilla como la adscripción de un médico de cabecera responsable y un protocolo de actuación consensuado, facilitaría la tutorización expresa de un derecho, que para algunos ciudadanos, ha quedado debilitado. Además, en el caso que nos ocupa, el decreto de acceso por convenio previo pago, no exime de la obligación de atender gratuitamente a todos los ciudadanos en situaciones de urgencia, niños, embarazos y para garantizar la salud pública.

Lejos de mejorar, a lo largo del último año, se ha deteriorado la accesibilidad de los beneficiarios a la asistencia. Han aumentado las listas de espera y ha disminuido la valoración del sistema sanitario. Ninguna de estasdisfunciones se explica ni tendría que haberse producido por la sola inclusión de medidas de aseguramiento. Obviamente, algo debemos estar haciendo mal. Probablemente, de forma simultánea a las innovaciones normativas, se está deteriorando la gobernanza de algunos sistemas sanitarios autonómicos y es clamorosa la ausencia de medidas de mejora de la eficiencia acompañando a los recortes.

Por último, no es descartable, que con el nuevo convenio, se produzca el efecto contrario al perseguido. Por un lado, establecer unas condiciones no salvables para los más pobres y por otro, por el módico precio de entre 700 y 1.800 euros al año, provocar un efecto llamada en las clases acomodadas de ciudadanos de terceros países con un sistema sanitario devaluado, que les permita ser intervenidos del corazón, acceder a costosas prótesis articulares, a nuevos medicamentos de decenas de miles de euros, al sistema de trasplantes de órganos, en competencia con los ciudadanos españoles.

Incluso, si me apuran, desnaturalizar la protección de las haciendas de los estados receptores que viene recogida en la Directiva Sanitaria Transfonteriza de la UE, que entra en vigor el próximo mes de octubre.