Francesc Buils ingresará en las próximas horas en prisión para cumplir una condena de tres años, por malversación y prevaricación, impuesta por la Audiencia Provincial de Palma en junio del año pasado y ratificada ahora por el Tribunal Supremo. Se convertirá así en el primer ex conseller autonómico balear en pisar la cárcel.
Según la sentencia, el ex conseller de Turismo de Unió Mallorquina en el Govern balear del Pacte de Progrés que presidía el socialista Francesc Antich, gratificó al ex alcalde de Sóller, Antoni Arbona, con 3.000 euros por un trabajo sobre senderismo en la Serra de Tramontana que jamás se hizo. Aunque el fiscal Miguel Ángel Subirán solicitó una pena de 4 años y medio de cárcel para Buils, el Tribunal decidió castigarle con 1 año de prisión por cada 1.000 euros malversados. Así, tres años de cárcel por 3.000 euros que además, ya fueron sido devueltos por quien los cobró irregularmente, que no fue el ex conseller de UM Xisco Buils.
Junto a Buils también fue condenado el ex jefe de área del Instituto de Estrategia Turística Inestur, Antoni Rebassa (cuatro años y medio de cárcel), el ex gerente del Inestur Antoni Oliver (18 meses de cárcel sustituibles por una multa de 6.570 euros) y el beneficiario del dinero público, Antoni Arbona, quien ya ha devuelto el dinero malversado y ha pagado una multa de 4.380 euros.
Esta condena es tremendamente injusta por desproporcionada. Significa matar pulgas a cañonazos. Meter en la cárcel durante 3 años a alguien que “ha robado” 3.000 euros es una barbaridad. En primer lugar, porque tener a un reo en prisión no es gratis, cuesta aproximadamente 55 euros al día: 1.644 euros al mes. Al año, 19.700 euros. En total, casi 20 veces más de lo malversado. Y todo, ¿para qué?
En segundo lugar, porque los Tribunales en Baleares y en especial la Audiencia Provincial, parecen haber olvidado el artículo 25.2 de la Constitución Española, que establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social…”. La máquina de venganza en que la Justicia se ha convertido está muy alejada de la letra y del espíritu de la Ley.
Y en tercer lugar, porque en el proceso arbitrario en que actualmente ha devenido el proceso judicial, donde el fiscal decide no ejercer la acusación sobre determinadas personas en virtud de pactos que producen escándalo, a cambio de que testifiquen para corroborar su versión de los hechos, las sentencias se arman en base a declaraciones de coimputados que buscan salirse lo mejor posible y a menudo son fruto de un mercadeo propio del zoco. Lo más alejado a la Justicia que se conoce.
No diremos que las irregularidades que se han declarado probadas hayan de quedar impunes. De ningún modo. Pero esta desproporción entre el delito cometido y el castigo impuesto, no conduce a ninguna parte y, desde luego, es cualquier cosa menos administrar Justicia.