carrau
El juicio por el caso Can Domenge se ha retomado con el informe final del Ministerio Fiscal para justificar su petición de pena para los acusados ya anunciada en la jornada del martes.
Juan Carrau, y a raíz de la rebaja de la petición de pena de
Bartomeu Vicens de 6 años a 8 meses después de su colaboración con el Ministerio Fiscal, ha empezado realizando un alegato sobre la validez de lo
declarado por un coimputado. Para el representante de Fiscalía Anticorrupción la declaración de un coimputado es una “es una prueba legal, legítima y recomendada”. “Los coimputados confiesan cuando ven que la maquinaria del estado funciona” ha asegurado Carrau.
Ha asegurado que son consientes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a la validez de las declaraciones de coimputados, pero que es “es una prueba recomendada” por el consejo de Europa” cuando se trata de grupos de 3 o más personas organizadas para delinquir. Carrau ha puesto ejemplos de la mafia y del terrorismo.
En cambio, Fiscalía no ha aceptado la atenuante muy cualificada de confesión para Miquel Nadal afirmando que la confesión sólo será “atenuante analógica” si ha sido útil o eficaz para el esclarecimiento del delito. Carrau considera que la declaración de Nadal no tiene estos requisitos porque era “tendente a
exculpar a la presidenta”. Para acusar a Munar se basa principalmente en los hechos relatados por Bartomeu Vicens.
Carrau ha criticado duramente los delitos de corrupción al asegurar que son delitos que traicionan la confianza de los ciudadanos y son una grave amenaza para la democracia.
Las acusaciones del Ministerio Público son por los delitos de
prevaricación,
fraude a la administración y
revelación de secretos. Para Maria Antònia Munar solicita una pena de 6 años de prisión –no se ha tenido en cuenta que Nadal declarara que ella desconocía la revelación de secretos-, para Miquel Nadal se piden 4 años, para Miquel Àngel Flaquer 1 año y para el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens, autor confeso de los delitos, 8 meses. Por lo que se refiere a los acusados que no eran miembros del Consell de Mallorca, se solicitan 18 meses para Santiago Fiol y 1 año para Roman Sanahuja.
En referencia a la responsabilidad civil de 15 millones de euros Fiscalía Anticorrupción considera que Bartomeu Vicens sólo es responsable subsidiario por no ser competente en la tramitación del expediente de Can Domenge. Ello significa que sólo tendría que pagar esta cantidad si los otros responsables no la pagaran.
Por otra parte, el acusado Roman Sanahuja no asiste a la vista, renunciando expresamente a su derecho a la última palabra.
