mascarillas

El 13 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una comparecencia pública que el Ejecutivo central había decidido declarar el estado de alarma en toda España por un periodo inicial de 15 días, ante el avance entonces imparable del coronavirus en nuestro país. En aquel momento, había 4.231 casos en el conjunto del Estado, una treintena de ellos en Baleares. Por lo que respecta al número de víctimas mortales, ascendía provisionalmente a 120 en total. De ese modo, el 14 de marzo empezó un confinamiento que, de facto, se acabaría prolongando durante casi cien días, hasta el 21 de junio de 2020. Con posterioridad, entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de 2021, estaría vigente en España un segundo estado de alarma.

La asociación Liberum ha solicitado a la Audiencia Nacional investigar al ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, por presunto falso testimonio en el 'caso Koldo'. Un informe de la Guardia Civil revela contradicciones entre su declaración y un mensaje que evidencia comunicaciones con personas relacionadas con la trama.

La asociación Avanza en Libertad, liderada por dos diputados y un exdiputado de Vox, denuncia ante Fiscalía un posible fraude de más de dos millones de euros en la compra de material sanitario por el anterior Govern de Francina Armengol durante la pandemia. Se denuncian delitos como malversación y prevaricación, entre otros.

El portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, ha asegurado que "no hubo contrato" con la empresa Eurofins Megalab, S.A. para garantizar el control de puertos y aeropuertos, contratación a la que se refiere un informe de la Unidad Central Operativa (UCO), y se ha mostrado molesto porque se intente relacionar éste con otros contratos posteriores firmados con la misma empresa para "concertar con ésta la realización de pruebas diagnósticas, porque en 2021, después de la Navidad del 2020, se decidió que el Govern asumiría las PCR de ciudadanos que tuvieran que viajar desde la Península hasta esta comunidad autónoma".

Las acusaciones en el caso Koldo, representadas por Iustitia Europa y Hazte Oír, han solicitado al juez que inicie los trámites para imputar a Francina Armengol (presidenta del Congreso), José Luis Ábalos (exministro de Transportes) y Leandro Marcos González (exdirector general de la Guardia Civil). Las investigaciones recientes de la UCO revelan la implicación de Ábalos en la trama, que incluye el rescate de Air Europa y la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020. Las acusaciones piden la apertura de dos piezas separadas para investigar ambos casos y sugieren que Ábalos habría tomado decisiones favoreciendo a Víctor de Aldama, quien pagaba a Koldo García 10.000 euros mensuales desde 2019 para facilitar contactos con altos cargos. También involucran a Armengol y a la exconsejera de salud Patricia Gómez Picard en la posible adjudicación de contratos relacionados con la pandemia. Finalmente, piden investigar si hubo filtraciones desde la Guardia Civil.

El Servicio de Salud de Baleares auditará los contratos suscritos en el año 2021 con la empresa Eurofins Megalab, SA para la realización de pruebas PCR, por un importe de 1,1 millones de euros.

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se personaron en la sede del IB-Salut este miércoles, por orden de la Audiencia Nacional, para incautarse de los correos electrónicos del director general del IB-Salut, Juli Fuster, y del subdirector de compras, Antoni Mascaró, en el marco de una investigación sobre la compra de test PCR para Covid-19.

Sebastià Sagreras, portavoz parlamentario del PP de Baleares, exige explicaciones a la secretaria general del PSIB-PSOE, la expresidenta Francina Armengol, por sus declaraciones en la comisión de investigación sobre Koldo García. Sagreras afirma que la UCO constata que hubo comunicación entre Koldo y la entonces presidenta del Govern para la compra de material sanitario por parte del Govern y que incluso facilitó al asesor del ministro José Luis Ábalos el teléfono particular de la consellera de Salud, Patricia Gómez.

Un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre el ‘caso Koldo’, que investiga la Audiencia Nacional, revela que Francina Armengol, expresidenta del Govern, mantuvo contacto con Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, durante la gestión de la pandemia.

El Consell Consultiu ha respaldado la nulidad de un contrato de compra de mascarillas por 3,7 millones a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por la Audiencia Nacional en el conocido como 'caso Koldo'. Este dictamen permite al IbSalut buscar recuperar el dinero pagado, señalando vicios en el contrato y requisitos no cumplidos.

El pleno del Parlament ha aprobado, solo con los votos a favor del PP y Vox (33) y en contra del grupo MÉS per Mallorca (5), las conclusiones de la comisión parlamentaria de investigación sobre la compra del Govern de 1,5 millones de mascarillas por 3,7 millones durante la pandemia.

Durante la sesión de la comisión no permanente de investigación por irregularidades en contratos con la empresa Soluciones de Gestión en el Parlament, celebrada este viernes, se han vivido escenas de absoluto bochorno, e indignas de un Parlament democrático. Insultos, descalificaciones y faltas de respeto protagonizadas inexplicablemente por un portavoz del Grupo Socialista, Iago Negueruela, fuera de sí, quien finalmente ha abandonado la citada comisión junto a todos los miembros socialistas que la integraban, tras una intervención de corte netamente electoral ante la inminencia de las elecciones europeas del próximo domingo 9J.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado este lunes al anterior Ejecutivo autonómico de ocultar durante toda la legislatura que los 1,5 millones de mascarillas compradas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional, eran defectuosas y permitir así que se pagaran con fondos europeos.

Koldo García pasa olímpicamente de la comisión de investigación del Parlament de les Illes Balears. Este lunes ha vuelto a dejar plantados a los diputados autonómicos integrantes de dicha comisión, al igual que sucedió el 24 de abril. Y lo mismo ha hecho Javier Hidalgo, CEO de Globalia, aunque este por vez primera.

La exconsellera de Salut, Patricia Gómez, ha asegurado que "jamás" le llamaron ni el exasesor ministerial Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional en el conocido como 'caso Koldo', ni el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para adquirir mascarillas de Soluciones de Gestión.

El Consell Consultiu de las Islas Baleares concluye en su último dictamen que hasta el pasado mes de enero el Govern balear y la administración autonómica tenían un plazo de 8 meses para la resolución de los contratos firmados con empresas y a partir de esa fecha el tiempo máximo es de 3 meses.

La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para el próximo 27 de mayo a la presidenta del Govern balear, la 'popular' Marga Prohens, y el próximo 10 de junio, interrogará al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en su condición de expresidente de Canarias.

El Servicio de Salud de las Islas Baleares será acusación particular en el caso Koldo, después de que la Sala Penal de la Audiencia Nacional admitiera su recurso contra la denegación inicial. Se argumentó que el pago de 3.758.215,24 € por mascarillas demostraba un perjuicio para la Administración de las Islas Baleares.

La decisión de apartar las mascarillas compradas a Soluciones de Gestión fue un error, ya que el Centro Nacional de Medios de Protección se basó en normativas diferentes. Un perito experto en regulación farmacéutica argumentó que comparar precios no era adecuado y defendió que las mascarillas adquiridas cumplían con los estándares. La comisión de investigación sobre la compra de material sanitario continuará con más comparecencias técnicas.

La Fiscalía Europea ha solicitado más documentación al juez de la Audiencia Nacional para continuar con la investigación del 'caso Koldo', relacionado con contratos firmados por Baleares y Canarias. Se investiga un presunto fraude de subvenciones por un total de 16 millones de euros en contratos suscritos con la empresa principal de la presunta trama.