IMV

El ofrecimiento del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para ceder a las comunidades la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que previamente había pactado con el presidente catalán, Pere Aragonès, no ha entusiasmado a demasiados gobiernos autonómicos, aunque ninguno ha descartado solicitarlo.

El complejo proceso burocrático que caracteriza la tramitación de las ayudas sociales menoscaba el acceso de la población más vulnerable a estas prestaciones. En el caso de Baleares, los perceptores de la Renta Social Garantizada (Resoga), concedida por el Govern autonómico, y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han de afrontar una auténtica carrera de obstáculos a la hora de reivindicar su derecho legal a percibir unas cantidades económicas cuya cuantía, por otra parte, apenas permite la subsistencia en condiciones más bien precarias. Mallorcadiario.com ha recabado el testimonio de una perceptora de ambas ayudas (IMV y Resoga) a la que, entre otras exigencias, la Administración autonómica le ha reclamado que custodie el dinero que le ha avanzado el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que haga efectiva su entrega a la Conselleria de Afers Socials en cuanto le sea solicitado.

La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha asegurado este miércoles que el hecho de que el Gobierno haya atendido la demanda del Govern de que las ayudas económicas de dependencia no reducirán el importe del Ingreso Mínimo Vital hace que el IMV "sea más justo".

El PP ha criticado este sábado la "ineficacia" del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la "inactividad" del Gobierno ante el aumento de la pobreza en Baleares.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) está defraudando, por el momento, todas las expectativas, incluso las de aquellos que, inicialmente, recibieron con entusiasmo la medida puesta en marcha, al alimón, por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y de la Agenda 2030, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Los retrasos en los pagos, las demoras en la tramitación de los expedientes y, especialmente, la complejidad de los requisitos impuestos por el Gobierno, están restando efectividad a una medida pensada inicialmente para apoyar a los colectivos más vulnerables en un contexto social y económico marcado por el cierre masivo de empresas y la destrucción imparable de puestos de trabajo.

El ingreso mínimo vital (IMV), renta con la que el estado pretende combatir la pobreza y que será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, oscilará entre los 461 y algo menos de 1.100 euros, según ha adelantado este domingo el titular de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá.