¿Y si aplicamos estas exigencias a todo el poder público?

Más que una opinión sobre la sentencia del primer asunto del caso Palma Arena, que hoy es imprescindible, lo que tengo es la preocupación sobre qué ocurriría si los criterios aplicados en esta condena se extrapolaran a la vida política diaria, a la gestión de las instituciones en los últimos lustros; qué pasaría si alguien sometiera a juicio, con iguales estándares, cualquier actuación ordinaria del poder público. Cuántos casos como este habría si se considerara y penara como inducción al delito toda sugerencia o todo impulso para incumplir la Ley.

No es que piense que la sentencia sea demasiado fuerte sino que si esos criterios se aplicaran como norma, como criterio riguroso en todos los casos, creo que simplemente no bastaría la prisión de Palma para albergar internos.

Por los motivos que sea, tal vez por una paulatina relajación en las cautelas, que la hay; tal vez porque el sistema no funciona, porque es demasiado rígido, encorsetado, que también; tal vez porque la necesidad de la victoria electoral ha hecho a los políticos que se pierdan los papeles muy frecuentemente, la cuestión es que en mi opinión hay que ser bastante inconsciente para ejercer la política, al menos como se viene practicando en España (no sólo aquí) en los últimos veinticinco años.

Entonces viene lo grave: sólo se actúa discrecionalmente donde y cuando se considera oportuno, por las razones que sea. Y se deja de actuar en otros casos en los que el resultado sería prácticamente el mismo. Quedamos entonces a merced de la discrecionalidad. De forma que lo nuestro tiene difícil remedio al menos sin un cambio profundo en el funcionamiento político y, con otro objetivo, en el judicial.