Maniobra electoralista

La propuesta presentada a tres semanas vista de las elecciones autonómicas catalanas (promocionadas como plebiscitarias por los separatistas) introduce la posibilidad de que el TC pueda sancionar con multas o inhabilitaciones a aquellos cargos públicos o funcionarios que incumplieren las resoluciones del Alto Tribunal. Sorprende que el mismo Gobierno que llevaba tres años tratando el desafío de los independentistas con una política inteligente, sin entrar al trapo de las provocaciones de Artur Mas, en el último minuto ,hayan cambiado de registro.

Las encuestas que anuncian pobres resultados para los populares el 27 S-situación que llevó a cambiar de candidato nombrando a García Albiol y apartando a Sánchez Camacho- deben haber transmitido un último mensaje del pánico. Eso explicaría el por qué de esta iniciativa que trata de recuperar a antiguos votantes de su ala más derechista.

La que desde determinados medios de comunicación lleva meses acusándoles de pasividad, de “no hacer nada” para frenar los planes de los separatistas. Qué García Albiol, que no es diputado en Cortes, haya sido el encargado de presentar el proyecto que asume el Grupo Parlamentario popular en el Congreso, da idea del objetivo último de la iniciativa. Un proyecto que no cuenta con el apoyo de ningún partido del arco parlamentario -ni siquiera lo han buscado- y que ha hecho llevarse las manos a la cabeza a más de un constitucionalista, desconcertado al comprobar que los dirigentes del primer partido del país ignoran que el Tribunal Constitucional dispone de atribuciones para hacer cumplir todas sus resoluciones- que son vinculantes para el resto de los tribunales del país- y qué, en consecuencia puede obligar al señor Artur Mas a cumplir la ley sí es que éste, al final de su patética escapada para diluir sus responsabilidades en los conocidos casos de corrupción, decidiera proclamar la independencia de Cataluña.

Es a la política a quien corresponde resolver los problemas políticos. Trasladar esa responsabilidad a los tribunales deja en evidencia a quienes nos gobiernan.