Días atrás supimos el colosal negocio que se esconde detrás de la plataforma de alquiler de viviendas vacacionales Airbnb, al trascender que la Agencia Tributaria le sigue la pista. Naturalmente, una empresa que gestiona el alquiler de 11.000 viviendas solo en Mallorca, que presuntamente está físicamente radicada en isla de Jersey (considerada un paraíso fiscal), que tributa sus ganancia en Irlanda (a su conveniencia), debe ser estrechamente vigilada por las autoridades fiscales. Muchísimo más si, como parece, solo declara ganar seis euros al año por piso alquilado, cosa que nadie puede creer.
No demos por hecho nada, porque muchos habrá que alquilan legalmente sus propiedades conforme a la Ley y sin artimañas ni atajos. Pero sí es deseable que las autoridades competentes investiguen a las grandes corporaciones que, operando en muchos países, tributan donde les conviene aunque el negocio lo hagan en España. Estamos hablando de gran cantidad de recursos con los que cabría hacer muchas cosas muy necesaria.
Sin que quepa generalizar, una elevada oferta que se comercializa a través de Airbnb y otras plataformas, lo hace como economía sumergida, sin contar con los permisos oportunos ni tributar el IVA, el impuesto turístico ni ningún otro gravamen fiscal. Además, no cumplen con otro tipo de obligaciones como la normativa laboral del personal de limpieza, seguridad u otros. Tampoco con la legislación sanitaria, contraincendios y de seguridad ciudadana. Y todo ello en su conjunto conforma una competencia desleal con la que es imposible competir.
Dada la tibieza con que los gobiernos municipales y autonómicos tratan a Airbnb, cabe esperar que al menos la Administración Tributaria meta en vereda a los insolidarios que no pagan los impuestos que deben.
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