La entrada entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia Procesal, ha desatado una tormenta en el ámbito judicial de Baleares, algo de lo que se hace eco Martín Aleñar, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB). En una entrevista concedida a mallorcadiario.com, Aleñar no escatima en críticas hacia una normativa que, según él, está "deficientemente redactada", genera "inseguridad jurídica" y aleja al ciudadano de la justicia.
El decano advierte que la ley, al introducir requisitos previos obligatorios como la mediación o conciliación antes de acudir a los tribunales, añade complejidad y costes adicionales al proceso judicial. Esta medida, sin una implementación adecuada y recursos suficientes, podría dificultar aún más el acceso a la justicia para los ciudadanos.
La implementación de reformas debe ir acompañada de una planificación adecuada, recursos suficientes y una comunicación clara para evitar que, en lugar de mejorar el sistema, se agraven sus deficiencias.
Los efectos de esta reforma ya se perciben en los distintos órganos judiciales, donde se registró un aluvión de demandas en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley, el pasado tres de abril. Según datos del registro de asuntos civiles del juzgado decano de Palma, en apenas tres meses se han acumulado 17.729 asuntos, lo que supone casi la mitad de todos los presentados durante todo 2024.
Desde el ICAIB, la preocupación es palpable. La vicedecana Carmen López González denuncia que la norma no es clara y genera indefensión, complicando aún más un sistema judicial ya colapsado.
Es imperativo que el legislador escuche las voces de quienes trabajan en el día a día de la justicia. La implementación de reformas debe ir acompañada de una planificación adecuada, recursos suficientes y una comunicación clara para evitar que, en lugar de mejorar el sistema, se agraven sus deficiencias. Cambiar de nombre los juzgados, no soluciona nada, como nada arreglan cambios cosméticos introducidos en esta norma tan cuestionada.
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