Publicaba la semana pasada un periódico de las Islas una imagen que aún me tiene anonadada. Se trata de un cartel que está pegado en IB3 Ràdio en el que se advertía de que las facturas de los colaboradores debían estar en castellano porque de lo contrario no se tramitarían en administración y por tanto no se liquidarían. Es decir, que si usted ha hecho cualquier tipo trabajo para el ente autonómico pero emite su factura en catalán no va a ver un duro. ¿Es esto legal?
Alguien debería recordarle al responsable del ente autonómico y por ende al Govern que las facturas han de abonadas vengan en el idioma que vengan y exigir que sean emitidas tan solo en castellano al igual que hacerlo en catalán es totalmente discriminatorio por no mencionar que genera un debate áspero y estéril.
Lo que no es normal y lo que no puede pretender el Govern de Bauzá es garantizar la libre elección de lengua en el sistema educativo y luego actuar como un talibán tratando de imponer el idioma en el que se emiten las facturas.
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