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El ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón anunció esta semana en el Congreso de los diputados que piensa llevar a cabo una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en aras de otorgar responsabilidad penal a sindicatos y partidos políticos.
Para Gallardón, "no tiene sentido" que partidos y sindicatos tengan actualmente "ese privilegio", y deben ser tratados en el Código Penal "exactamente igual" que el resto de personas jurídicas. La consecuencia es que se podrá perseguir penalmente a los miembros de las direcciones de partidos o sindicatos si esos órganos hubieran tomado decisiones que son constitutivas de delito.
A sensu contrario, el hecho de que el Ministro proponga tal reforma significa que, hasta el momento, los partidos no tienen responsabilidad penal. Por lo tanto, se pone en entredicho el soporte legal de las fianzas millonarias interpuestas contra Unió Mallorquina y contra Convergència i Unió, así como una posible petición de fianza contra el PP por el caso Over Marketing antes de la reforma.
Recordemos que en marzo de 2011 el juez Francisco José Pérez fijó una fianza de 1,6 millones de euros contra Unió Mallorquina por posibles responsabilidades en torno al caso PICNIC, que investiga una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Palma.
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