La oficina anticorrupción de Balears adaptará modelos de países nórdicos

El Govern ha anunciado este miércoles en Menorca que la Oficina de lucha contra la corrupción de Balears, la segunda en España, adaptará los modelos de los países nórdicos que lideran acciones para prevenir conductas corruptas, además de impulsar la investigación de estos casos.

La consellera de Participación, Transparencia y Cultura, Esperança Camps, y el director general de Transparencia, Miquel Gallardo, han informado que esta oficina en funcionamiento "previsiblemente, hacia el verano, dado que el proyecto de ley entrará en el Parlament en pocas semanas".

Camps y Gallardo se han reunido con la presidenta del Consell insular, Maite Salord, y la consellera de Servicios Generales, Participación Ciudadana y Vivienda, Cristina Gómez, para abordar temas de transparencia y participación que afectan a todas las administraciones públicas.

Entre las cuestiones tratadas figura la ley para crear la Oficina Anticorrupción, la aplicación de la Ley de Transparencia estatal y la futura Ley de Transparencia autonómica.

La consellera Gómez ha subrayado la importancia de "ser una administración que el ciudadano perciba como transparente, porque la transparencia es la premisa para incentivar la participación ciudadana".

Ha mencionado los indicadores sobre transparencia del Consell de Menorca, de los que ha indicado que "no han sido del todo satisfactorios en la última evaluación".

"El cambio en el sistema de puntuación y el hecho de que los indicadores se realizan con una foto fija en el tiempo y con una evolución de dos años atrás, nos ha perjudicado, pero se nos brinda una oportunidad única para propiciar un cambio de paradigma en la administración y alcanzar los niveles deseados mediante el cambio de la administración en papel a la electrónica", ha declarado.

Según la consellera de Transparencia del Consell menorquín, este cambio "debe implicar no solo a los departamentos de Participación y Transparencia, sino a todos los trabajadores de la administración".

La consellera Camps ha aludido a la "complejidad" de la redacción de la Ley de Consultas, prevista para el 2017.

"Ha de ser -ha declarado- un texto que sirva a todas las administraciones, la autonómica, las insulares y las locales; y que permita avanzar mucho en temas de consulta ciudadana. Hay ejemplos sobre los que ahora se está trabajando, y aprenderemos lo que no funciona para no cometer los mismos errores".