No se sabe qué es más descorazonador, si ver al juez Castro marear la perdiz para conseguir algo que justifique una nueva citación en calidad de imputada de la Infanta Cristina o ver a la Fiscalía, con el Fiscal General del Estado a la cabeza, ejercer de defensor de la hija menor del Rey Juan Carlos I. El juez instructor del caso Palma Arena y de la pieza separada relativa a la contratación del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres tiene prácticamente paralizadas las diligencias de más de 20 piezas separadas que ordenó abrir del caso matriz, con multitud de imputados. Los recursos humanos de la Policía Judicial y de la Agencia Tributaria están destinados casi exclusivamente a escrutar la vida de los Duques de Palma. Aunque hace meses que se viene oyendo que la instrucción está prácticamente finalizada, siempre hay nuevas pesquisas que ordenar. Todo para que Cristina de Borbón pase por los juzgados de Vía Alemania, si puede ser como imputada, para mayor gloria de José Castro e íntima satisfacción de Diego Torres y de Manos Limpias. Pedro Horrach, el implacable y correoso fiscal del caso, no comulga con este proceder del juez instructor. Sabe que de acuerdo con el principio acusatorio que rige el proceso penal, no es el juez instructor quien acusa, sino el Ministerio Fiscal que él representa. Presume públicamente de independencia y neutralidad, de no recibir instrucciones de nadie –tampoco de sus superiores jerárquicos, lo cual es sorprendente por increíble– y parece determinado a dejar solo a Castro en su búsqueda de indicios que permitan una nueva imputación de la esposa de Urdangarin por blanqueo de capitales o delito fiscal, los caminos que dejó abiertos la sección 2ª de la Audiencia Provincial. Lo más sorprendente es hace unos días entró en escena Eduardo Torres-Dulce, el Fiscal General del Estado, quien sin esperar al resultado de las diligencias solicitadas por el juez Castro alardea de que “la postura de la Fiscalía es terminante”. Es decir, que sin esperar a ver si hay indicios de delito o no, adelanta que “no existe ningún elemento en la causa que permita ir hacia la imputación” de la Infanta Cristina. Se trata, al parecer, de un claro mensaje para el juez Castro: por más que investigue, la Fiscalía no acusará. Hasta es posible que de hallar nuevos indicios que incriminen a la esposa de Iñaki Urdangarin y el juez instructor vuelva a plantear su citación, la Fiscalía vuelva a recurrir ante la Audiencia, repitiendo el escándalo por segunda vez. La Fiscalía parece decidida a impedir que una Infanta de España, séptima en la línea de sucesión de la Corona, comparezca ante el juez por los presuntos mangoneos de su esposo. Actúa claramente como defensora de la Duquesa de Palma de Mallorca y desvirtúa su papel, demostrando claramente a la sociedad que la Justicia no es igual para todos.
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