La Interpol ha detenido en Colombia un mallorquín acusado de pertenencia a una organización criminal y contra la salud pública, fraude migratorio y tráfico de drogas.
Al arrestado, Cristian Lacoma López, también se le acusa de facilitar la obtención ilegal de permisos de residencia por arraigo laboral a ciudadanos extranjeros, a quienes les exigía el pago mínimo de 2.500 euros.
Según ha señalado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X' el director general de la Policía Nacional de Colombia, William René Salamanca, la detención se ha efectuado en virtud de una notificación roja emitida por la Interpol.
El sospechoso estaba siendo buscado por las autoridades españolas como supuesto autor de delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Lacoma, que actualmente tiene 37 años, fue arrestado en 2017 por la Policía Nacional en una macrooperación contra el tráfico de estupefacientes y anabolizantes en Palma y Calvià. Tras pasar por los calabozos, quedó en libertad con cargos.
Después de ese primer arresto, intentó redirigir su vida hacia el mundo del ‘fitness’, llegando a crear su propio canal de YouTube, ‘Lacomafitness’, donde compartía consejos sobre entrenamiento y nutrición.
Sin embargo, en 2020 volvió a estar en el punto de mira de las autoridades, esta vez por su presunta implicación en una red dedicada a facilitar permisos de residencia fraudulentos a ciudadanos extranjeros por arraigo laboral.
A cambio de un pago mínimo de 2.500 euros, utilizaba empresas de su propiedad para expedir contratos ficticios que justificaban la documentación fraudulenta. La Policía Nacional estuvo a punto de detenerlo en Mallorca, pero consiguió huir y eludió a las autoridades.
De acuerdo con la Policía Nacional colombiana, el hombre es sospechoso de formar parte de una banda asentada en Mallorca dedicada tanto al tráfico de anabolizantes y marihuana como a la regularización fraudulenta de personas migrantes. Para todo ello empleaba empresas y establecimientos comerciales de su propiedad.
Está previsto, como es habitual, que tras su arresto comiencen los trámites judiciales para autorizar su extradición a España, donde podría ser juzgado por los delitos de los que se le acusan.
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