Fuertes multas para quienes se nieguen a demoler sus construcciones ilegales en rústico

El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha acordado este miércoles la redacción de un protocolo de actuación para establecer los criterios de priorización en la tramitación de todos los expedientes.
La Junta de Gobierno del Consorcio iniciará una campaña de actuaciones que se basarán en la imposición de multas coercitivas con el fin de obligar a los responsables de una construcción ilegal a que ejecuten de forma voluntaria la orden de demolición ya firme.

Estas multas se impondrán cada mes hasta un máximo de 12 veces, cada una de ellas con la cantidad correspondiente al 10 por ciento del valor de las obras objeto de la orden de demolición.

"Estas sanciones serán independientes de la sanción impuesta, es decir, el pago de las multas no exime del pago de la sanción correspondiente y viceversa", han apuntado desde la institución insular.

Además, si en una no se ha restituido, el Consorcio podrá llevar a cabo la ejecución subsidiaria a costa de los responsables.

La Junta de Gobierno del Consorcio se ha reunido por primera vez al completo, después de que Ciutadella firmase el decreto de adhesión el pasado 6 de octubre.

"Ha sido una primera toma de contacto muy positiva", ha remarcado la vicepresidenta del Consell, Susana Mora, quien ha añadido que el Consorcio "ya está con todos los motores encendidos para recuperar la coherencia en su acción y restablecer la situación de normalidad en el trabajo del día a día".

"No tan solo hemos conseguido la inclusión de Ciutadella, sino que también hemos recuperado el equipo técnico del Consorcio y se están tomando decisiones políticas que poco a poco se podrán visualizar", ha concluido.