JAIME ORFILA.
…pero en el sentido contrario
La previsible y necesaria remodelación del Govern no ha dejado a nadie indiferente. Muchas y variadas razones hacían aconsejable modificar la estructura del Govern y la titularidad de algunos departamentos. Las posibilidades para impulsar los principios programáticos y reactivar la acción de gobierno eran múltiples. En esencia, se centraban, en recuperar la confianza del ciudadano, simplificar la administración, reducir el número de políticos e impulsar la economía orientada hacia la creación de empleo.
La delicada situación actual obliga a que los ejecutivos se adecuen a la nueva realidad, a tomar decisiones acertadas, evitar errores estratégicos y aumentar su capacidad de resolución. En este entorno, las limitaciones personales, son una carga añadida para salir de la crisis. Por todo ello se hacía indispensable reforzar los equipos y las organizaciones con perfiles expertos y solventes. Llegado este punto, la autocrítica debía contribuir a un buen diagnóstico de situación y facilitar la toma de decisiones vinculadas a nuevos resultados.
El balance general de la remodelación, en una primera valoración, según una amplia parte de la opinión pública, no es positiva. La reorganización no reduce ni simplifica la administración, ni los recambios aportan valor añadido. Cabe entender que el tratamiento se ha hecho sobre un diagnóstico impreciso. En él pueden haber influido personas y circunstancias de un entorno servil, no realista, poco profesional, interesado y a lo mejor tóxico. En cualquier caso, me voy a centrar en las repercusiones de la remodelación en el ámbito sociosanitario.
Ámbito sociosanitario
Los servicios sanitarios y los sociales están integrados desde el principio de legislatura en un misma consejería, en la misma línea de competencias que el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales. De hecho, la integración del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Sistema Nacional de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia (SAAD) es el instrumento más potente de cooperación para la articulación de los servicios sociales y la promoción de la autonomía personal. En este sentido, la reorientación del sistema sanitario a la mejora de la gestión de la cronicidad es la piedra angular de la sostenibilidad del sistema sanitario; el garante de la sociedad del bienestar y hacia ella se dirigen todas las administraciones modernas.
La anunciada reforma de la ley de la función pública, que tiene que servir de base para la simplificación administrativa de los niveles autonómicos, insulares y locales va en el mismo sentido. En un breve espacio de tiempo un paciente dependiente precisa de forma sucesiva ser atendido en un centro de agudos, en otro de convalecencia y adecuar de forma dinámica el acceso a los recursos de soporte y económicos. Con la desagregación se genera un eslabón suplementario e innecesario, que consumirá esfuerzos en coordinar lo que ya estaba integrado y complica las trasferencia directa de las competencias a los Consells y a los Ayuntamientos. Ojala me equivoque.
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