La empresa pública municipal EMAYA ha sido condenada por la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a indemnizar a un trabajador con 15.000 euros por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que el tribunal considera nula por injustificada; y que considera una represalia contra el exresponsable de Calidad y delegado de protección de datos, a quien se deberá restituir en su antiguo puesto.
Este episodio revelado por mallorcadiario.com, pone en evidencia, una vez más, que los errores y abusos cometidos por ciertos empleados públicos en posiciones de poder, recaen sobre el bolsillo de todos los vecinos de Palma. La mala gestión interna viene acompañada, en este caso, de un evidente déficit de responsabilidad individual y colectiva en la Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram de Palma.
EMAYA, financiada por los impuestos de los ciudadanos, tiene la misión de garantizar servicios básicos y esenciales para la ciudad de Palma, como el suministro de agua, la limpieza urbana y la recogida de residuos. Sin embargo, ciertas actitudes abusivas manchan su buen nombre, perjudican su funcionamiento y se carga a la ciudadanía con las consecuencias económicas de esos actos, declarados ilegales por los tribunales.
Los autores de estos abusos no pueden quedar impunes o protegidos por el paraguas de una estructura pública
En este contexto, es imprescindible que se asuman responsabilidades a todos los niveles. Los autores de estos abusos no pueden quedar impunes o protegidos por el paraguas de una estructura pública. La dirección de EMAYA, además, debe garantizar que existan protocolos eficaces para prevenir y erradicar este tipo de comportamientos. La impunidad, ya sea por acción u omisión, perpetúa el problema.
El Ayuntamiento de Palma y su alcalde, Jaime Martínez, como máximo responsable, debe tomar cartas en el asunto. No basta, como obliga la sentencia del TSJIB, con indemnizar a la víctima; es vital que se sancione a los responsables, cómodamente acostumbrados a que sus atropellos no tengan ninguna consecuencia para ellos. Pero ya es suficiente.
Los vecinos de Palma tienen derecho a exigir una gestión transparente, responsable y eficiente de sus recursos. EMAYA no puede permitirse más escándalos que ensucien su imagen y la del propio Ayuntamiento.
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