El Parlament rechaza declarar zona tensionada toda Baleares

El pleno del Parlament ha rechazado este martes una moción presentada por Unidas Podemos que instaba al Govern a declarar todos los municipios del archipiélago como zonas tensionadas y a considerar gran tenedor a cualquier persona o entidad con cinco o más viviendas.

La propuesta, defendida por la diputada Cristina Gómez, incluía un total de 20 medidas en materia de política territorial y vivienda, de las cuales solo una ha sido aprobada: instar a las administraciones del archipiélago a cumplir con los deberes establecidos en la ley de urbanismo de Baleares, en especial los relativos a la conservación, rehabilitación y edificación.

La mayoría de los puntos de la moción fueron rechazados por los votos del PP y Vox, mientras que PSIB, MÉS per Mallorca y el Grupo Mixto se mostraron favorables a todas las propuestas. Entre las medidas denegadas se encontraban la expropiación temporal de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, la compra de suelo urbano y viviendas de la Sareb por parte del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), y la limitación del alquiler turístico en edificios residenciales ubicados en suelo rústico.

Tampoco salió adelante la propuesta de reservar el 50 % de las nuevas promociones para vivienda de protección oficial ni la de obligar a los promotores a ceder parte del aprovechamiento urbanístico a las administraciones públicas.

La moción también planteaba impulsar normativas respetuosas con el medio ambiente, recuperar la Comisión de Medio Ambiente como órgano consultivo y exigir informes vinculantes de la Dirección General de Recursos Hídricos para aprobar nuevos proyectos urbanísticos. Además, se pedía la derogación de la tramitación de parques fotovoltaicos como proyectos industriales estratégicos y la publicación de estudios sobre suelo vacante.

Otro de los puntos rechazados fue instar al Govern a no consolidar las 90.000 plazas de alquiler turístico contempladas en el decreto de medidas turísticas y acelerar su retirada, así como limitar la compraventa de viviendas a personas no residentes en Baleares mediante cambios normativos.