Copago farmacéutico

Hace un par de semanas, a finales de septiembre, un amigo farmacéutico comentaba una situación que había vivido en su farmacia. Un jubilado había acudido con unas recetas y le había preguntado cuánto tendría que pagar por los medicamentos. Tras la pertinente consulta al ordenador, mi amigo le informó que el coste para él era de tres euros y algunos céntimos, a lo que el hombre respondió que ya volvería a por ellos a primeros de mes, “seguramente”. También en estas últimas semanas hemos sabido por los medios de comunicación de declaraciones de farmacéuticos de otras comunidades, concretamente, las que yo he conocido, de Cataluña y Valencia, que inciden en esta misma problemática: pacientes con enfermedades crónicas, jubilados sobre todo, pero no en exclusiva, que no retiran la totalidad de los medicamentos recetados por sus médicos y, por tanto, dejan de tomar alguno o varios de los fármacos de su medicación. En Cataluña este abandono terapéutico descontrolado parece estar más extendido, debido a la tasa de un euro por receta de la Generalitat, que se añade al porcentaje a pagar impuesto por el gobierno central, pero el problema se da en todas las comunidades autónomas.

Este fenómeno, que ya había sido previsto por muchos observadores y profesionales sanitarios, especialmente médicos de familia, así como organizaciones médicas y sanitarias, se añade a la escalada de degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población y, principalmente, de las personas más desfavorecidas: el incremento sostenido de las personas que recurren a los comedores sociales y a los bancos de alimentos, así como el cambio en su perfil sociológico, con presencia creciente de gentes de clase media, el aumento imparable del paro y la disminución del subsidio de desempleo, los desahucios, la drástica reducción de las prestaciones de la dependencia, la restricción en el acceso a la justicia gratuita, los incrementos de impuestos y reducción de salarios, los recortes en sanidad y educación, las subidas de las matrículas universitarias, etc., etc., pero es especialmente preocupante por cuanto supone un riesgo muy grave para la salud de un segmento muy vulnerable de la sociedad, como son las personas con enfermedades o procesos crónicos y entre ellos, particularmente frágiles los pensionistas.

El incumplimiento de las pautas de tratamiento es uno de los problemas que más preocupan a los médicos, sobre todo  a los médicos de familia y a los equipos de atención primaria en general, ya que implica una disminución, cuando no un fracaso, de la eficacia terapéutica, un incremento en la morbilidad de los procesos crónicos, más complicaciones y efectos secundarios y dificulta el control y la estabilidad del estado clínico de los pacientes. Todo ello supone, además, un gran sobrecoste para el sistema sanitario. En un artículo publicado en 2010 en la revista New England Journal of Medicine, la más prestigiosa revista médica general de los Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, se exponía que el incumplimiento terapéutico suponía para el sistema sanitario un coste anual de unos 100.000 millones de dólares anuales en estancias hospitalarias y otras asistencias que no habrían sido necesarias, así como miles de muertes que se podrían haber evitado.

Por poner un ejemplo, se cita que solo un mejor cumplimiento en la toma de medicación antihipertensiva podría evitar unas 89.000 muertes prematuras al año en los Estados Unidos. En el artículo también se expone que, si bien los fallos en la toma de medicamentos se producen en todos los tipos de situaciones de aseguramiento sanitario, incluidas aquellas en las que los pacientes no han de pagar por las medicinas, el tener que pagar es un factor importante, de modo que el porcentaje de incumplimiento es menor en los tratamientos con medicinas más baratas y mayor en los tratamientos con medicinas más caras.

Así pues, quizás el ahorro en el gasto farmacéutico conseguido por el nuevo sistema de copago de los medicamentos acabe siendo anulado por el sobrecoste de la asistencia que requerirán las complicaciones derivadas del incumplimiento terapéutico motivado por el incremento de la cantidad a pagar por los pacientes, especialmente teniendo en cuenta que gran parte de esta asistencia que no hubiera sido necesaria será de urgencias y hospitalaria.

El consumo excesivo de medicamentos es, sin duda, un problema estructural de nuestro sistema sanitario y la reducción del gasto farmacéutico un objetivo ineludible, pero la instauración de una medida parcial, aislada y coyuntural, así como injusta, de incrementar el copago de las medicinas y hacerlo extensivo a los pensionistas, puede tener, de hecho está teniendo, efectos perversos sobre la salud de los afectados y, probablemente, un efecto económico nulo, o negativo, puesto que lo que se ahorre por un lado en factura farmacéutica, se podría tener que gastar en asistencias que no hubieran sido necesarias, incluyendo medicaciones hospitalarias, en las que se gastaría gran parte de lo ahorrado al principio en medicación extrahospitalaria.