El juzgado permite la destrucción de género inmovilizado de la cárnica investigada en Marratxí

El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha autorizado la destrucción del género intervenido a la empresa cárnica de Marratxí investigada por un presunto delito contra la salud pública. Se trata de toneladas de carne que se encuentran inmovilizadas en naves refrigeradas desde marzo de 2018.

Fue el propietario de la empresa quien solicitó la destrucción del material, alegando que su almacenamiento le estaba causando un grave perjuicio económico debido a que la actividad de la empresa fue suspendida cuando se produjeron las detenciones y registros.

En un escrito dirigido al Juzgado, señalaba que llevaba 44.000 euros invertidos en mantener las naves refrigeradas, a pesar de que no puede ejercer actividad económica alguna con su empresa y que carece de otros ingresos.

Aunque el Juzgado ha aceptado su petición para que se le permita deshacerse del género, le obliga a hacerse cargo de los costes. Por este motivo, el empresario ha presentado un recurso de reforma contra la decisión del Juzgado. Entiende que la administración pública debería ocuparse del traslado a una planta de tratamiento, dado que como particular ha invertido todo este tiempo en el mantenimiento de la carne por medios privados.

Cabe matizar que, previsiblemente, no se destruirá la totalidad del género intervenido sino que se reservarán muestras para poder analizarlas. El empresario solicitó anteriormente que se realizasen estas analíticas, puesto que se le acusa de distribuir carne en mal estado a servicios de restauración. Precisamente, la Conselleria de Salud consideró que la carne no debía destruirse porque entendía que podría ser una prueba objeto de análisis. Con todo, la carne lleva congelada más de un año y medio.

'OPERACIÓN BILTONG'

La operación policial se desarrolló en marzo de 2018 y fueron detenidos el propietario y dos responsables de la empresa, a quienes se les imputaban delitos de estafa, falsedad documental, delito contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y contra la seguridad social. Durante la investigación se archivaron las actuaciones para dos imputados.

El empresario investigado, defendido por el letrado Antoni Montserrat, rechazó las supuestas malas prácticas respecto a la manipulación de alimentos y aseguró que cumplen con las directrices de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

La Policía acusaba a la empresa de facturar una cantidad mayor de carne de la entregada -presuntamente adulterándola con vísceras y sangre de cerdo-; de manipular las fechas de caducidad; y de distribuir alimentos congelados como frescos, entre otras prácticas. La investigación se inició con una denuncia de un trabajador.