El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto por el que se destina un máximo de 48,67 millones de euros a cubrir la asistencia jurídica gratuita que prestan abogados y procuradores del turno de oficio en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. Hace unos días, La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Islas Baleares (ICAIB) aludió a la posibilidad de convocar nuevas movilizaciones de protesta para exigir al Gobierno el pago inmediato de los meses que se adeudan a los abogados adscritos a los servicios del turno de oficio: noviembre y diciembre de 2018 y enero de 2019.
De los referidos 48,57 millones, un total de 45 millones irán al Consejo General de la Abogacía y 3,67 millones al Consejo General de Procuradores, a lo que se suman 1,05 millones para la atención psicológica a las víctimas de delitos.
Las subvenciones para el turno de oficio se distribuirán entre los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones que se realicen y se pagarán por periodos mensuales vencidos.
La partida destinada a la asistencia psicológica a las víctimas se distribuirá entre las oficinas dependientes del Ministerio y la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional y servirá también para apoyar la emisión de informes periciales, mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
Según explica el Ejecutivo, la prórroga de los Presupuestos de 2018 no se extiende a este tipo de subvenciones y era necesaria aprobar una norma para cubrir la asistencia jurídica gratuita una vez vencido el ejercicio económico.
La Ley General de Subvenciones, añade, permite conceder ayudas de forma directa por motivos de interés público, social o humanitario.
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