Consumir drogas no es delito, pero sí es infracción administrativa. La policía puede y debe imponer una sanción económica a quien consuma este tipo de sustancias. Sin embargo, esto no sucede porque hace ya un año que Sanidad, que es el organismo que debe certificar que el producto que el denunciado estaba consumiendo era una droga, no hace los análisis. Como consecuencia: consumir drogas no tiene ninguna clase de penalización, ni penal ni administrativa. Pero, en cambio, fumar sí que está perseguido. Aquí sí que vamos a ser duros. Incluso en el hospital de Son Espases se prohíbe fumar al aire libre, si la distancia entre el edificio y los 'apestados' es inferior a unos cuantos metros. Y, desde el 1 de enero, las sanciones por fumar en un espacio público se endurecerán de forma significativa. La cuestión es totalmente ridícula porque fue el Estado quien incentivó el consumo de tabaco, quien creó las grandes fábricas, quien ejerció un negocio monopolístico con esta sustancia, hoy anatematizada. El Estado llevó a mucha gente a fumar y hoy, como si no existiera el pasado, se lanza contra los fumadores como si fueran apestados. Obviamente, al fumador se le debe exigir respeto a los demás ciudadanos, pero de ahí a la situación actual dista un abismo. En un país en el que consumir drogas no está sancionado, el fumador es perseguido como si fuera el mayor delincuente del país. Jamás una actuación pendular del Estado ha sido tan manifiesta: lo que te enseñamos ayer, lo perseguimos hoy. Y a más te hemos inducido, más duros seremos contigo. Simplemente ridículo, absurdo, estúpido. Ridículo cuando hacían negocio con este hábito, ridículo cuando lavan su conciencia arremetiendo contra él.
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